Diversos Jueces y Magistrados especialistas en Derecho mercantil de diferentes Comunidades Autónomas así lo han afirmado en unas jornadas organizadas por la Fundación Universidad y Empresa de la Universitat Jaume I


Recientemente la Fundación Universidad y Empresa de la Universitat Jaume I ha organizado unas jornadas, bajo el título “La reclamación de daños causados por el cártel de camiones a raíz de la Decisión de la Comisión Europea” donde se han tratado por diversos Jueces y Magistrados especialistas en Derecho mercantil de diferentes Comunidades Autónomas distintas cuestiones de interés práctico sobre los efectos del cártel y las posibilidades de reclamación de indemnizaciones en España. Unas jornadas que, según informa Fenadismer,  de alguna manera han servido para apaciguar los ánimos, tras las primeras sentencias  judiciales en 1ª instancia tan dispares que hasta la fecha se han dictado, y que  lejos  de terminar con el proceso, tan sólo lo inician, pues habrá que esperar hasta la resolución final que en su día dicte el Tribunal Supremo.


Y a tenor de lo expuesto durante la jornada, no va a ser un proceso sencillo. Para empezar, los Magistrados  que intervinieron en la jornada pusieron de relieve la “gran volatilidad de la jurisdicción española”, considerando incluso  “inaplicable la Directiva europea sobre reclamación por daños y la regla de “presunción del daño” que en la misma se contiene”, cuestionando tanto el alcance vinculante de la resolución sancionadora de la Comisión Europea como la propia efectividad del cártel, para lo que se exigirá prueba suficiente.


Asimismo la mayoría de los Jueces y Magistrados presentes en la Jornada admitieron que los tiempos de tramitación judicial de las reclamaciones hasta obtener una sentencia firme rondarían aquí en España un plazo superior a 10 años, estimando que se resolvía en unos 12 años.
Otra cuestión relevante planteada por los Magistrados fue la relativa a la documentación necesaria para la formulación de las reclamaciones poniéndose de manifiesto la falta de criterio armonizado por parte de los Jueces y Magistrados en torno a casi todos los aspectos de esta reclamación,  una situación que se verá gravada además por la falta de experiencia judicial previa  en la tramitación y solución de este tipo de acciones, teniendo en cuenta que hay una Directiva europea que ha sido traspuesta en España fuera de plazo recientemente.


En lo relativo a la acreditación del daño a fin de poder cuantificar el importe de la reclamación, ya se ha visto en demandas  interpuestas hasta la fecha que  debe basarse en un estudio econométrico riguroso, que incluya escenarios contra factuales y dotada del suficiente volumen de datos como para hacer funcionar la fórmula algorítmica de cálculo del daño.

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