Casi la mitad de las empresas cree que las medidas aprobadas el año pasado han incrementado los costes entre 10% y el 20%, pero la gran mayoría considera que la situación actual es igual o mejor que antes de las novedades regulatorias.
Sostenibilidad y competitividad. Estos son los conceptos sobre los que ha girado el 22 foro AECOC de Transporte, que afronta el sector en un momento en el que debe acometer grandes cambios para cumplir la hoja de ruta hacia la descarbonización, pero sin dejar de lado la competitividad que marca la línea roja de cualquier actividad económica. Y en la busca de este equilibrio, marcado además por un contexto económico complejo, aunque se ve como algo más optimista que a finales del año pasado, es donde se plantean no pocos interrogantes, que afectan a la cadena de transportes y que marcan la compleja relación entre transportistas y cargadores que ahora está marcada por los cambios normativos impulsados desde el Comité Nacional de Transportes por Carretera, no siempre bendecidos por los cargadores.
Una relación que estuvo presente desde la misma inauguración del foro, a cargo de José María Bonmatí, director general de AECOC, que se refirió a una de las medidas aprobadas, como la ley de la Cadena de Transportes, sobre la que admitió que siempre hemos pensado que no podemos tener una cadena con eslabones débiles, porque se rompe por ahí. Hay que aportar más trasparencias y buscar relaciones en las que todos ganen. “si le pasamos el problema a uno de los eslabones lo que hacemos es debilitar la cadena en su conjunto”.
El 22 Foro Nacional de Transporte AECOC contó con la presencia de toda la cadena de transportes, desde transportistas y cargadores hasta intermediarios, además de una representación de la Adminsitración encabezada por María José Rallo, secretaria general de Transportes (2ª por la derecha) y Jaime Moreno, director general de transporte del MITMA (a su izquierda). junto a ellos Carmelo González , presidente del CNTC y María Tena, directora de Logáitica y Transporte de AECOC
Buenas palabras que tuvieron una inmediata réplica por parte de Carmelo González, presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera que pidió que “se demuestre que somos partners (cargadores y transportistas)”. Vamos a empezar a sumar-afirmó González que también quiso pedir que “se deje ya de acusarnos de ser el causante de la subida de costes”, seguramente en referencia (aunque sin citarlos) al incremento que pudieran haber causado medidas como la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores, un coste que hasta ahora se han “ahorrado” los cargadores y que en algún momento han llegado a cifrar en más de 2.000 millones de euros, o la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del precio en función de las variaciones del combustible.
“Estamos volviendo a las andadas”
El presidente del CNTC se refirió también a los acuerdos alcanzados el año pasado a los que calificó como “hechos históricos”, pero que hay que desarrollar. “Y en eso estamos, trabajando en cuestiones importantísimas, afirmó”. Sin embargo, lanzó también una advertencia a los cargadores afirmando que “estamos volviendo a las andadas” en referencia a algunas prácticas que pretenden revertir el efecto de algunas medidas como indexar el combustible, o casos en los que se buscan maneras para saltarse la prohibición de la carga y descarga de los conductores, cambios repentinos en la manera de pagar los portes (pensando quizás ya en la llegada de las 44 ton), sin olvidar que “muchos cargadores se están apropiando los 20 céntimos de ayuda que son para el transportistas”.
José María Bonmatí, director general de AECOC: “Si le pasamos el problema a uno de los eslabones lo que hacemos es debilitar la cadena en su conjunto”
Dos cuestiones más centraron la exposición de Carmelo González; por un lado la manida sostenibilidad, pero puntualizando que “no solo ambiental sino también económica y social”, preguntándose ¿Cuánto cuesta esa transición hacia vehículos propulsados por energías alternativas? Y sobre todo si ¿están los cargadores dispuestos a pagar el sobrecoste de esta transición?
Para terminar dejó una advertencia a la sala afirmando que “la demanda está cayendo y los precios están bajando…que no sirva de amenaza, pero los tambores empiezan a sonar”.
Encuesta
La gran mayoría considera insuficientes los acuerdos
Sobre las medidas aprobadas durante el año pasado, un sondeo realizado por AECOC entre 100 empresas del transporte que representan más del 75% del volumen de mercancías del gran consumo, el 93% de las empresas de la cadena del transporte -fabricantes, distribuidores y transportistas- considera que los cambios normativos del último año no han solucionado los problemas estructurales del sector.
El sondeo de AECOC entre los agentes del transporte muestra que dos de las medidas aprobadas de mayor impacto son la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores y la obligatoriedad de incorporar la cláusula del combustible en los contratos. En relación a la primera medida, el 72% de las empresas afirma que ha conllevado un incremento de los costes, especialmente en la contratación de más personal para realizar las tareas de carga y descarga o en la subcontratación del servicio.
En el análisis de los cambios que ha supuesto la medida para las empresas del transporte, el 33% afirma que ha conllevado una mejora en las condiciones de los conductores, mientras que el 54% considera que, efectivamente, la situación de los transportistas hoy es mejor, pero que deben producirse más mejoras.
Sobre la inclusión de la cláusula del combustible en los contratos de transportes, el 47% de las empresas indica que ya la aplicaba antes de la aprobación del Real Decreto Ley 3/2022. En relación al impacto de la medida, la mitad de las empresas cifran un sobrecoste de hasta el 10%, mientras que cuatro de diez elevan el porcentaje hasta el 15%.
El sondeo también muestra que el 46% de las empresas de la cadena del transporte cree que la bonificación del gasóleo aprobada por el Gobierno en 2022 fue suficiente, mientras que el 54% restante considera que no llegó a cubrir los sobrecostes generados por el aumento del precio en los carburantes.
En la valoración global del impacto económico de las medidas aprobadas, el 44% de las empresas calcula sobrecostes ocasionados de entre 10% y el 20%, por un 33% que sitúa el máximo en un incremento del 10% y un 19% que cifra un aumento de los costes superior al 20%.
A pesar de los sobrecostes ocasionados y de entender que las normativas aprobadas no solucionan los problemas estructurales del sector, las empresas sí creen que la posición del sector ha mejorado en el último año. En concreto, el 82% considera que la situación actual es igual o mejor que antes de las novedades regulatorias.
