Los cargadores molestos con el acuerdo alcanzado por los transportistas

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Se quejan por no haber participado en la negociación “considerando el gran impacto que para ellas presentan buena parte de las medidas que formaban parte de la negociación”
Las organizaciones que integran la cadena de valor del gran consumo, esto es, cargadores y los principales clientes de los transportistas (ACES, AECOC, ANGED, ASEDAS y FIAB) han hecho público un comunicado en el que tras destacar que finalmente se haya evitado el paro, expresan su malestar porque “las compañías del sector se han visto obligadas a incurrir en elevados costes -al tener que adelantar su aprovisionamiento de productos- que perfectamente se podían haber evitado”. Pero además, también critican el hecho de que “ las organizaciones que representan a las empresas cargadoras hayan quedado excluidas de la mesa de diálogo y negociación, especialmente considerando el gran impacto que para ellas presentan buena parte de las medidas que formaban parte de la negociación”.
Aunque no refieren cuales son las medidas que les podrían ocasionar tan gran impacto, es de suponer que entre ellas podría estar la referida a la próxima prohibición de que el conductor tenga que realizar las tareas de carga y descarga de las mercancías en sus instalaciones, que hasta la fecha se les impone a los transportistas al llegar a su destino tras 9 ó 10 horas de conducción.
“Parecen olvidar-han destacado desde Fenadismer- que tal obligación ya les correspondía por ley a los titulares de los centros de carga y descarga desde hace más de 30 años, según se establece en la vigente Ley de Contrato del Transporte aprobada en 2009, y anteriormente en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987, aunque lamentablemente no se ha venido cumpliendo en un alto porcentaje de los casos al imponer los cargadores en la práctica tales tareas a los conductores, ahorrándose de este modo el coste del personal propio que debería realizarlas”.
De hecho, así lo reconoció públicamente hace un año un dirigente de una de las asociaciones que suscribe la nota de prensa, que valoró en más de 2.000 millones de euros el ahorro que obtenían al incumplir la ley, ignorando por supuesto las consecuencias que para la siniestralidad tanto vial como laboral ocasiona tal imposición.
No hay que olvidar que es precisamente su reiterado incumplimiento de la ley lo que ha obligado a consensuar con el Ministerio de Transportes las nuevas medidas a aprobar en las próximas semanas, para tratar de corregir dicha situación de abuso que históricamente han venido soportando los transportistas.

Los caradores han lelgado a valorar  en más de 2.000 millones de euros el ahorro que obtenían al incumplir la ley, ignorando por supuesto las consecuencias que para la siniestralidad tanto vial como laboral ocasiona tal imposición.

Desde FETRANSA ya dejaron claro antes de llegar a un acuerdo con el MITMA que esta cuestión era una línea roja de las negociaciones. Jose Carlos López Jato, vicepresidente de esta organización  afirmaba entonces que “a FETRANSA no le sirve una redacción laxa que deje abierta la posibilidad de que los cargadores puedan seguir presionando para que, en la práctica, las cosas sigan como están en lo relativo al acondicionamiento de las mercancías, su carga y estiba en los camiones”.

Por este motivo, y dada su posición de dominio para López Jato “el pacto en contrario, tal y como están las posiciones negociadoras, no sirve para que las partes lo hagan en pie de igualdad” y se fundamenta en que “cuando el ejercicio de un derecho puede propiciar la perdida de tu trabajo, sin miedo a que la otra parte sufra represalias, la norma no está bien diseñada”.

En este contexto, los transportistas entienden que su pretendida participación en las negociaciones tendría un único fin: “persistir en su posición dominante y de imposición de las condiciones de trabajo de sus transportistas proveedores”.
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