El Gobierno refuerza la lucha contra la economía sumergida y la competencia desleal en el transporte por carretera

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Ha firmado un protocolo para mejorar las condiciones de transparencia y de competencia en el sector y en la defensa de los derechos de sus trabajadores.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) han unido fuerzas para mejorar la coordinación funcional y operativa entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección de Transporte Terrestre en la lucha contra las infracciones del ordenamiento jurídico en el sector del transporte por carretera y, en especial, contra la economía sumergida y la competencia desleal.

En un nuevo protocolo se ha querido priorizar el control de aquellas empresas que no tengan a todos sus conductores dados de alta en la Seguridad Social o cursen fraudulentamente sus altas en otros estados miembros de la Unión Europea mediante la creación de estructuras empresariales sin actividad real, contraten a conductores a tiempo parcial cuando realizan jornada completa, o bien utilicen falsos autónomos.

El objetivo principal del Protocolo es potenciar la eficacia de los mecanismos de control y reforzar los instrumentos de disuasión y de reacción frente a conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales.

En este sentido, se da un paso más para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia en el sector del transporte por carretera y en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector.

La coordinación y cooperación entre ambas inspecciones es imprescindible para abordar un fenómeno tan complejo como es el fraude en sus diferentes manifestaciones, lo que permite desarrollar políticas públicas de prevención y corrección más eficaces.

Lucha contra el fraude

Con esta iniciativa se pretende detectar prácticas como las usadas con las “falsas cooperativas” u otras que pudieran surgir. Se prestará especial atención a aquellas empresas, denominadas “empresas buzón”,  que han desarrollado regímenes de empleos complejos sin actividad económica real en el país donde tiene su sede y donde contratan a los trabajadores, pero con actividad en otros estados miembros de la Unión Europea donde realmente prestan sus servicios, utilizando fraudulentamente la figura de los desplazamientos transnacionales u otras figuras de movilidad intracomunitaria para eludir las normas que resultan de aplicación.

Además, el protocolo prevé el intercambio o cruce de bases de datos entre las distintas inspecciones, con el fin de conseguir una mejor localización de posibles bolsas de fraude, en aras de la eficacia de la actividad inspectora.

 

Más información en Gobierno.

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