En las normas forales anuladas, el sistema de peaje se establecía mediante arcos de control en las salidas y entradas del territorio, de manera que sólo se aplicaba al transporte de largo recorrido en tránsito por este territorio y no al transporte interno local
La Diputación de Guipúzcoa da un paso adelante en la controversia sobre los peajes a camiones en algunas de Las vías de su titularidad. Tras el varapalo que supuso la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en primera instancia y avaladas por el Tribunl Supremo, recientemente, de las dos leyes anteriores promulgadas por el Gobierno foral , ahora la diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha anunciado en la Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Gipuzkoa que la Diputación está elaborando la nueva Norma Foral –la tercera– que regulará el peaje para camiones en las carreteras N-I y A-15, que será más amplio y que abarcará a la totalidad de esas dos carreteras, no solo a los puntos de entrada y salida del territorio.
No contentos con mantener el pulso, la institución ha informado que aprobará también un Decreto Foral Norma en los próximos días y que será de aplicación inmediata, para seguir cobrando a los camiones mientras elabora la otra Norma Foral.
Oiarbide, que ha ha comparecido a petición propia para informar de los planes de la institución foral ha afirmado que “los transportistas y los tribunales nos han obligado a tomar esta decisión”, justificándola en que “el presupuesto de la Diputación es insuficiente y hay que garantizar otras fuentes de financiación para poder mantener como es debido nuestras carreteras”. Unos recursos que, en su opinión se pueden obtener de dos maneras, “bien a través del pago por uso en vías de alta capacidad, o bien mediante la imposición de un nuevo impuesto.”, para afirmar después que ”somos partidarios de que pague quien lo usa, porque nos parece mucho más justo”.
La Diputación foral ha optado por cambiar el criterio y, a partir de la aprobación de la tercera norma foral, los vehículos pesados tendrán que pagar siempre que utilicen cualquier tramo de estas dos vías.
Con la decisión de ampliar el peaje a toda la N-I y la A-15, el Gobierno foral pretende salvar el argumento de los tribunales que ven una «discriminación indirecta» y que les ha servido para rechazar el establecimiento del peaje. Efectivamente, en las normas forales anuladas, el sistema de peaje se establecía mediante arcos de control en las salidas y entradas del territorio, de manera que sólo se aplicaba al transporte de largo recorrido en tránsito por este territorio y al transporte interno local, que no se veía afectado. Ahora, la Diputación ha optado por cambiar el criterio y, a partir de la aprobación de la tercera norma foral, los vehículos pesados tendrán que pagar siempre que utilicen cualquier tramo de estas dos vías.
La comparecencia en la Comisión de Infraestructuras también ha servido para informar sobre la presentación de un “incidente de nulidad” de actuaciones contra la providencia de investigación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que pretende seguir dilatando el procedimiento judicial abierto.
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