Los transportistas cobran a 80 días de media de sus clientes

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Tras varios años negociándose en el Congreso, ATA exige que se apruebe sin más dilación el régimen sancionador que penalice la morosidad de las empresas

 Mes a mes, desde 2012   publicamos los datos provenientes del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera, que analiza la evolución de las formas y plazos de pago en el sector del transporte por carretera y la conclusión es clara: la gran mayoría de los clientes de los transportistas, concretamente un 67% incumple los plazos previstos en la Ley de Morosidad. Y esto es así, desde que está en marcha este observatorio, que recoge una insignificante variación de estos plazos a lo largo de los años, con una horquilla de dos o tres días máximo.

Hay que recordar que la vigente legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales, establece que el plazo máximo de pago será de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un máximo de 60 días si así lo establecen las partes y el pasado mes de septiembre, esta media se situó en 80 días, un día menos que en agosto, que se cerró con 81 días.

Respecto a la modalidad de pago preferida por los clientes de los transportistas es en primer lugar, la transferencia (43%), seguido del confirming  (42%), del pagaré (14%)  y el cheque (0´45%).

Desde hace tiempo, las organizaciones de autónomos ( de carácter generalista) vienen denunciando que las empresas españolas no son un ejemplo a seguir en cuanto al plazo de pago de sus proveedores. Ya no sólo porque pacten unos plazos de pago superiores a lo establecido en la Ley, con esperas de hasta 76 días, sino que tampoco cumplen finalmente estos pactos “alegales”, pues acaban pagando a más de 90 días.

No es extraño que Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), afirme que  “la Ley de Morosidad es la Ley con más insumisos en España. No la cumple nadie”.

Sin sanción no hay cumplimiento

Según los datos que maneja esta federación, la morosidad estuvo detrás del cierre de más de 500.000 negocios durante los años de la crisis. Y tras muchos años negociándose en el Congreso, desde ATA exigen que se apruebe sin más dilación el régimen sancionador que penalice la morosidad de las empresas.

Según la última propuesta, estas penalizaciones podrían acarrear un recargo automático del 5% si el retraso sobre la fecha de pago es de menos de 30 días, del 10% si es menor de 60 días y del 20% si supera los 60 días.  En caso de que, además, se aplique sanción, estos recargos también serán aplicables y se sumarán a la misma.

Además, la Federación solicita la creación de un Buzón de Lucha contra la Morosidad (con el mismo sistema que el de la Lucha contra el Fraude en Seguridad Social) y que la Inspección de Hacienda pueda verificar el cumplimiento de los plazos de pago, sancionando con la retirada de bonificaciones, reducciones, ayudas y subvenciones a quienes no los cumplan.

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