La Fundación Corell analiza los principales cambios en ADR 2019

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Algunas de las principales modificaciones se refieren a la nomenclatura de algunos términos, cambios en la figura del Consejero de seguridad o las nuevas instrucciones para variar la carta de porte

La Fundación Corell ha analizado los cambios en la normativa ADR durante la jornada: “Novedades ADR 2019. La gestión del transporte de mercancías peligrosas”, que se engloba dentro de las ayudas a la formación que desarrolla el Ministerio de Fomento.

La apertura del evento ha corrido a cargo de Miguel Ángel Ochoa, Presidente del Patronato de la Fundación Corell y Benito Bermejo, Subdirector General de Gestión y Análisis del Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento. Benito Bermejo ha afirmado que las modificaciones en el ADR son necesarias para adaptar las condiciones de explotación del transporte de mercancías peligrosas entre los diversos países, armonizando la operativa. “Ojalá pudiésemos armonizar todas las normativas que afectan al transporte terrestre, tomando ejemplo de lo que se hace con el ADR”, ha afirmado Bermejo.

Por su parte, Eduardo Gómez, Jefe de Servicio de Mercancías Peligrosas y Perecederas de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento ha analizado los principales cambios del ADR 2019, que serán publicados antes del 1 de julio en el BOE. Algunas de las principales modificaciones se refieren a la nomenclatura de algunos términos, por ejemplo, el cambio del término “riesgo” por “peligro” o la aparición del concepto de “objetos”, que contienen mercancías peligrosas en su interior y que entran a formar parte del ámbito del ADR, aunque según sus modos de embalaje, podrían quedar exentos. Por objeto se entiende aquellas máquinas, aparatos o dispositivos que contengan mercancías peligrosas o residuos de estas en su interior.

Uno de los aspectos más importantes son algunas medidas transitorias nuevas, que tendrán un periodo de adaptación hasta 2023, como el hecho de que las empresas expedidoras requerirán, a partir del 1 de julio, la figura del consejero de seguridad, lo que implica que, empresas que antes no lo necesitaban, ahora tendrán obligatoriedad de implementarlo. Otro cambio importante para los consejeros de seguridad será que, a partir de ahora, cuando se amplíe el campo de aplicación de un certificado, la fecha de validez seguirá siendo la del certificado más antiguo, es decir, que los nuevos títulos obtenidos por los consejeros de seguridad, vencerán en la misma fecha que su título más antiguo.

La nueva edición del ADR incluye modificaciones en numerosos nombres de mercancías peligrosas y, en ocasiones, la nomenclatura utilizada hasta ahora no va a coincidir. El uso indebido de dichos nombres supondrá una sanción muy grave.

Otro aspecto controvertido será el hecho de que, a partir de ahora, las compañías deberán dar instrucciones a los conductores para que modifiquen la carta de porte cuando se realicen entregas o recogidas de diversas mercancías, indicando la cantidad total y el valor calculado para cada categoría de transporte. Hasta ahora eran los vigilantes de tráfico los que realizaban esta labor. Si en un control se detecta que el valor real no coincide con el reflejado en la carta de porte, se incurrirá en una sanción grave.
 
La jornada ha terminado con la intervención de Jesús Mª Sánchez y Javier García, abogados de Compliance Transport. El compliance es un conjunto de procedimientos y controles internos en las empresas para prevenir situaciones de riesgo y evitar sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdidas de reputación. “Con la reforma del ROTT, hay menos intervención administrativa, pero se exige un mayor autocontrol por parte de las empresas”.
El compliance pretende garantizar que la empresa desarrolla su actividad de forma responsable, ética y respetuosa con la legislación, estableciendo procesos de calidad, aplicados al ámbito legal.

Un aspecto importante a tener en cuenta, según los representantes de Compliance Transport es el hecho de que las personas jurídicas son responsables de los delitos cometidos por sus representantes y administradores, de hecho o de derecho, en nombre o por cuenta de las mismas. Desde 2015, las personas jurídicas pueden ser imputadas por no tener un sistema de compliance legal, por la actuación ilícita de sus representantes o por el incumplimiento de los deberes de supervisión o control.
 
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