Las asociaciones presentes en el Comité Nacional de Transportes asumen que la actual del mercado del transporte hace inadmisible abordar un eventual incremento del tonelaje actual de los camiones.La reunión celebrada este lunes 11 de diciembre entre las asociaciones de transportistas y de cargadores, una de tantas que se han celebrado en los últimos años para tratar de acordar un conjunto de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera y la logística en España, ha vuelto a quedar en aparcada en una via muerta. El motivo: que por enésima vez las asociacones de transportistas han vuelto a decir no a las 44 toneladas, uno de los objetivos que con mayor fijación persiguen los cargadores, a través de sus asociaciones representativas como AECOC, AEUTRANSMER Y TRANSPRIME, después de que ya consiguieran la aprobación de los megacamiones.
No obstante, el incremento de la capacidad de los camiones es sólo una de las medidas que están sobre la mesa, dentro de un paquete en el que también se discute sobre diversos aspectos de la actividad del sector en el ámbito de la contratación del transporte, la fiscalidad, la reglamentación sectorial y las operaciones de transporte, entre otras, que exigirían su posterior desarrollo normativo.
Según informan fuentes presentes en la negociación, las asociaciones de cargadoras argumentan que la implantación del conjunto de medidas negociadas supondrían un beneficio global para el sector superior a los 1.200 millones de euros, un hipótesis que para las asociaciones de transportistas no ofrece demasiadas garantías, ya que argumentan que “muchas de las normas actualmente en vigor que benefician al sector son ignoradas, por lo que el estado actual del mercado del transporte no parece ser el momento más adecuado para admitir las pretensiones de las empresas cargadoras de proceder a una eventual modificación del tonelaje máximo de camiones, al no quedar constatado que haya habido una mínima mejora de las condiciones del mercado del transporte, ni siquiera durante los dos años de negociación que han llevado a cabo ambas partes, por lo que se concluyen sin acuerdo”.
Como paso previo indispensable para abordar esas “mejoras” propuestas desde las asociaciones de cargadores, y ante la desconfianza generada entre ambos colectivos, los transportistas reclaman que se establezca previamente una comisión de seguimiento que verifique la mejora del mercado del transporte y el grado de cumplimiento de los actuales aspectos normativos y regulatorios del sector por parte de las empresas cargadoras.
No obstante, el incremento de la capacidad de los camiones es sólo una de las medidas que están sobre la mesa, dentro de un paquete en el que también se discute sobre diversos aspectos de la actividad del sector en el ámbito de la contratación del transporte, la fiscalidad, la reglamentación sectorial y las operaciones de transporte, entre otras, que exigirían su posterior desarrollo normativo.
Según informan fuentes presentes en la negociación, las asociaciones de cargadoras argumentan que la implantación del conjunto de medidas negociadas supondrían un beneficio global para el sector superior a los 1.200 millones de euros, un hipótesis que para las asociaciones de transportistas no ofrece demasiadas garantías, ya que argumentan que “muchas de las normas actualmente en vigor que benefician al sector son ignoradas, por lo que el estado actual del mercado del transporte no parece ser el momento más adecuado para admitir las pretensiones de las empresas cargadoras de proceder a una eventual modificación del tonelaje máximo de camiones, al no quedar constatado que haya habido una mínima mejora de las condiciones del mercado del transporte, ni siquiera durante los dos años de negociación que han llevado a cabo ambas partes, por lo que se concluyen sin acuerdo”.
Como paso previo indispensable para abordar esas “mejoras” propuestas desde las asociaciones de cargadores, y ante la desconfianza generada entre ambos colectivos, los transportistas reclaman que se establezca previamente una comisión de seguimiento que verifique la mejora del mercado del transporte y el grado de cumplimiento de los actuales aspectos normativos y regulatorios del sector por parte de las empresas cargadoras.
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