El Plan de Inspección de  Transporte incrementará el control sobre las "empresas buzón" en 2018

inspeccion 2018La actuación inspectora se lleva a cabo desde 2016, en colaboración con los cuerpos de inspección de otras Administraciones Públicas, si bien se intensificará en 2018, controlando tanto en carretera como a las empresas cargadoras.

El que ya es, para muchos, el principal problema al que se enfrenta el sector del transporte de mercancías por carretera en Europa (también en España), el dumping social provocado por la deslocalización de empresas hacia países con reducidos costes laborales,  será uno de los objetivos fundamentales  del Plan Nacional de Inspección para el sector del transporte por carretera para el año 2018, que ha sido presentado recientemente a las asociaciones profesionales que forman parte del Comité Nacional de Transportes. 
Las llamadas “empresas buzón”, tendrán  una atención especial dentro de las medidas que se pondrán en marcha durante el próximo ejercicio,  dando cumplimiento a la Directiva europea 22/2006 sobre la aplicación de la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera, que obliga a los Estados miembros a realizar controles dirigidos a las empresas clasificadas como de mayor riesgo.
Como ya informamos hace unos meses,  esta  actuación inspectora ya se ha venido desarrollando desde el año 2016, en colaboración con los cuerpos de inspección de otras Administraciones Públicas, pero, a tenor de los datos publicados recientemente sobre la cuota de mercado que ya asumen estas empresas tanto en transporte internacional con origen o destino en España, como en transporte interior,   no parece que esté dando los frutos deseados, lo que justificaría la necesidad de un control prioritario y exhaustivo de estas empresas extranjeras que operan en España. Dicho control, como se ha sugerido desde diversas organizaciones, debería  implicar, no sólo a los servicios de inspección de transporte del Ministerio de Fomento y de las Comunidades Autónomas, sino que debe llevar a cabo dicha labor de control en colaboración con los servicios de inspección del Ministerio de Empleo así como con las Consejerías de Empleo de las Comunidades Autónomas, por cuanto dichas Administraciones laborales ostentan la competencia sobre la comunicación de desplazamiento a España de los conductores pertenecientes a empresas de transporte extranjeros.
Por lo que respecta a otras actuaciones de control incluidas en el Plan que se van a llevar a cabo el próximo año los principales focos de atención se centrarán en:

• Operaciones que tengan su origen o destino en grandes centros generadores o destinatarios de cargas, como son las plataformas logísticas y las zonas de carga de los puertos marítimos, donde se concentran los mayores volúmenes de carga y descarga de mercancías.

• Areas de negocio de economía colaborativa on-line, en especial en lo referido a plataformas de paquetería que, en vehículos diversos, intermedian habitualmente sin estar autorizadas.

• Realización de servicios de transporte público, así como el ofertar como intermediarios servicios de transporte, en ambos casos sin estar amparados en la correspondiente autorización. Se hará especial incidencia en los tráficos de corto recorrido, en especial en transporte de obras y en transporte ligero, donde se dan mayores bolsas de fraude.

Asimismo, se llevará a cabo el control anual de los tiempos de conducción y descanso sobre la flota de 427.528 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo en España. Dado que la Directiva europea 2006/22 impone a los Estados miembros la obligación de controlar al menos el 3% de las jornadas de trabajo, en el caso de las autoridades de inspección españolas deberán revisarse al menos 2.885.814 jornadas de trabajo de los conductores profesionales, de las que la mitad se deberán controlar en la sede de las empresas y la otra mitad en carretera. El periodo a controlar en cada inspección que se haga a las empresas transportistas será por regla general de 45 días.

• Se intensificarán los controles de las posibles manipulaciones en el tacógrafo o del limitador de velocidad en carretera. En el caso del tacógrafo, las principales manipulaciones que son detectadas corresponden a pequeños recorridos con velocidades muy cortas, por lo que se hará un mayor control en zonas como polígonos industriales y áreas metropolitanas de alto desarrollo industrial, entre otros. Conforme a la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, dichas conductas infractoras no sólo son imputadas a la empresa transportistas sino también al conductor que va a bordo del vehículo, sancionándose con multa de hasta 500 euros. En este ámbito, se han detectado fraudes en la obtención de duplicados de tarjetas en Portugal por parte de conductores tanto españoles como portugueses, aprovechando que Portugal no está conectado al sistema de control europeo de tarjetas de tacógrafo radionet. Al respecto, los Ministerios de Transporte español y portugués han firmado recientemente un protocolo para controlar estas prácticas fraudulentas.

Además, con objeto de aumentar la eficacia inspectora de los posibles excesos de peso, se llevarán a cabo dos controles de larga duración con la participación de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.
A falta de recoger, si se considera oportuno, las  aportaciones que realicen  tanto las asociaciones de transportistas miembro del Comité Nacional de Transporte por Carretera, como las observaciones que plantean las Comunidades Autónomas y las Fuerzas de Vigilancia en carretera,  en próximas fechas se procederá a la aprobación definitiva del Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera para 2018.
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