La Comisión Europea quiere promover un paquete legislativo a nivel europeo con objeto de evitar fraudes y abusos, como la creación de sociedades ficticias o “empresas fantasmas”
La Comisión Europea ya no podía retrasar más tomar cartas en el asunto, sobre todo después de que las iniciativas legislativas para frenar el llamado dumping social, provocado en buena medida por la proliferación de las llamadas “empresas buzón o fantansmas”, hayan empezado a ser aprobadas de manera unilateral por los estados miembros.
En esa línea se inscribe la aprobación el pasado mes de Enero por parte de 9 países europeos, entre los que no se incluyó España, de la Alianza Europea por la Carretera. Dicha iniciativa provocó que el Parlamento Europeo, a través de la Eurodiputada española Izaskun Bilbao, interpelase a la Comisión Europea sobre la necesidad de promover con carácter urgente un paquete legislativo a nivel europeo que haga frente a dicho problema.
Y la Comisión Europea se ha visto obligada a reaccionar, manifestando su voluntad de adoptar propuestas relativas a la revisión de la reglamentación europea sobre el acceso al ejercicio de la profesión de transportista por carretera y sobre el acceso al mercado de transporte internacional de mercancías por carretera “para el segundo trimestre de 2017”, vamos para el próximo mes de mayo o como muy tarde junio.
En palabras de la Comisión Europea, se pretende “mejorar las normas con objeto de evitar fraudes y abusos, como la creación de sociedades ficticias, también llamadas empresas fantasmas”. Se habla desde este organismo, por primera vez, de actuar contra las empresas deslocalizadas que se establecen en otros Estados miembros a los únicos efectos de obtener unos menores costes sociales y fiscales, pero que en la práctica continúan operando en sus países originales. Y se sugiere la forma en la que se va a abordar el problema: se va a establecer una nueva regulación que obligue a las empresas transportistas que se establezcan en un Estado miembro a “tener una presencia y actividad concretas en dicho país”.
Un esfuerzo en el que deben participar las autoridades nacionales de cada país, estrechando la colaboración con otros estados miembros para “descubrir sociedades ilegales y adoptar las medidas necesarias para evitar que tengan acceso al mercado”.
Asimismo, otra de las cuestiones que tienen una relevancia máxima en la lucha contra el dumping social, es el tratamiento de los trabajadores desplazados, una directiva que se ha demostrado incapaz de solucionar los problemas que genera en el seno del transporte de mercancías por carretera. En este sentido, la Comisión Europea considera necesario “aclarar y simplificar las normas de la UE para hacer frente a las dificultades jurídicas y prácticas que plantee su aplicación, como consecuencia de las diferentes regulaciones planteadas hasta la fecha por los Estados miembros que ya han traspuesto dicha regulación europea.
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