Empezará a aplicarse a partir de mayo y prevé sanciones tanto para el conductor como para la empresa de hasta 180 euros por cada hora de descanso a bordo
Alemania, se suma al grupo de Francia Holanda y Bélgica y se convierte en el tercer país de la Unión Europea que prohíbe realizar a bordo del camión el descanso semanal ordinario. La medida que previsiblemente empezará a ponerse en práctica a partir del 1 de mayo, establece sanciones dirigidas tanto al conductor, con multas que pueden suponer una sanción de 60 euros por cada hora a bordo del camión en descanso considerado ilegal, como a la empresa transportista, a la que se llega a sancionar con 180 euros por cada hora de descanso de su conductor a bordo.
Esta normativa alemana confirma que la empresa de transporte debe garantizar el cumplimiento del artículo 4, letra h del Reglamento CE 561/2006 sobre los trabajadores móviles, que se mantiene, pero que una declaracion del Consejo Federal modifico con un proyecto de Ley de Personal de conducción presentado el pasado mes de octubre. Esta Ley recoge que la empresa de transporte debe organizar el trabajo de los conductores para que puedan optar por realizar los descansos semanales de al menos 45 horas en su lugar de residencia o en su defecto en la sede de la empresa que deberá contar con instalaciones sanitarias adecuadas para un descanso de este tipo, pero no se podrán realizar en otros establecimientos similares a las áreas de servicio.
Esta iniciativa, que ya han abrazado otros países como Francia, Bélgica y Holanda chocaba con el Reglamento CE 561/2006, lo que motivó que la Comisión Europea tuviera que emitir una aclaración sobre el mismo ante las protestas de algunos países de la U.E
Sin embargo, el dictamen emitido por el Tribunal Europeo de Justicia avalaba inicialmente la legalidad de las regulaciones dictadas por estos países y a las que ahora también se une Alemania.
La polémica de los descansos semanales en cabina viene desde finales de 2014, cuando con el objetivo de luchar contra el “dumping social” los gobiernos francés y belga prohibieron este tipo de comportamientos y establecieron sanciones de hasta 30.000 euros para las empresas incumplidoras.
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