El PSOE saca adelante una proposición no de Ley para exigir la inclusión de España en la Alianza Europea por la Carretera suscrita por 9 países europeos, en contra de la posición mantenida por el GobiernoEl Gobierno del Partido Popular ha sufrido esta semana un nuevo varapalo en el Congreso de los Diputados, que viene a sumarse al decaimiento del Decreto Ley sobre la Estiba, que rechazó ayer mismo la cámara baja. El Partido Socialista ha logrado sacar adelante una Proposición parlamentaria, que solo ha contado con el rechazo del Partido Foro Asturias, el PP se ha abstenido, en la que propone una serie de medidas para combatir la insoportable situación de dumping social que soportan nuestras empresas transportistas españolas por empresas deslocalizadas en otros países principalmente del Este de Europa, muchas de ellas españolas, que se establecen en dichos países con el único objetivo de beneficiarse de unos menores costes fiscales y laborales (hasta 10 veces más bajos que en España) pero que en la práctica continúan operando en nuestro país, amenazando seriamente la supervivencia de nuestro actual tejido empresarial español.
Para combatir dicha situación, la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados plantea instar al Gobierno en primer lugar, adherirse a la “Alianza europea por la Carretera”, con el objeto de promover posiciones comunes para luchar contra el dumping social, favorecer la competencia leal y facilitar la convergencia en la aplicación de la legislación europea.
Esta adhesión supondría un duro golpe para el Gobierno y, sobre todo para el Ministerio de Fomento, que ha defendido (ayer mismo fue Carmen Librero la encargada de hacerlo) la no inclusión en esta alianza. Fue precisamente la secretaria general de Transportes la encargada de recalcar con absoluta firmeza la posición del Gobierno en contra de la ‘Alianza de la Carretera’, al entender que “Las restricciones unilaterales fragmentan el mercado de transporte y dañan a la economía europea”.
La iniciativa propone además trasponer la normativa española a la mayor brevedad la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores pertenecientes a empresas transportistas extranjeras, teniendo en cuenta que el plazo máximo de trasposición de dicha Directiva venció el pasado mes de Junio, y la Comisión Europea ya ha advertido a España de posibles sanciones en caso de no trasponerla en el plazo máximo de dos meses.
Y por último, reforzar el Plan de Inspección de Transporte por Carretera, especialmente en materia de control del transporte realizado por las empresas transportistas no residentes en España, tanto en transporte internacional como de cabotaje, a fin de controlar el dumping social y la competencia desleal que sufren las empresas españolas.
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Para combatir dicha situación, la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados plantea instar al Gobierno en primer lugar, adherirse a la “Alianza europea por la Carretera”, con el objeto de promover posiciones comunes para luchar contra el dumping social, favorecer la competencia leal y facilitar la convergencia en la aplicación de la legislación europea.
Esta adhesión supondría un duro golpe para el Gobierno y, sobre todo para el Ministerio de Fomento, que ha defendido (ayer mismo fue Carmen Librero la encargada de hacerlo) la no inclusión en esta alianza. Fue precisamente la secretaria general de Transportes la encargada de recalcar con absoluta firmeza la posición del Gobierno en contra de la ‘Alianza de la Carretera’, al entender que “Las restricciones unilaterales fragmentan el mercado de transporte y dañan a la economía europea”.
La iniciativa propone además trasponer la normativa española a la mayor brevedad la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores pertenecientes a empresas transportistas extranjeras, teniendo en cuenta que el plazo máximo de trasposición de dicha Directiva venció el pasado mes de Junio, y la Comisión Europea ya ha advertido a España de posibles sanciones en caso de no trasponerla en el plazo máximo de dos meses.
Y por último, reforzar el Plan de Inspección de Transporte por Carretera, especialmente en materia de control del transporte realizado por las empresas transportistas no residentes en España, tanto en transporte internacional como de cabotaje, a fin de controlar el dumping social y la competencia desleal que sufren las empresas españolas.
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