El Gobierno quiere poner coto al Dumping social en el transporte por carretera

dumping social en carreteraEl Ministerio de Empleo ha anunciado que quiere aprobar una ley para garantizar que los trabajadores de las empresas de otros países que operen en España cumplan con la legislación española en materia laboral.

Después de las insistentes reivindicaciones de buena parte de las asociaciones profesionales de transporte y sindicatos durante los últimos años, ahora parece que el Gobierno va a reaccionar, y pretende  acabar con el llamado dumping social, un fenómeno que tiene en el sector del transporte por carretera especial incidencia, aunque no es el único.

El Ministerio de Empleo ha anunciado que quiere aprobar una ley para garantizar que los trabajadores de las empresas de otros países que operen en España cumplan con la legislación española en materia laboral. Y lo más importante, establecerá un régimen sancionador para las compañías «que no declaren previamente a las autoridades laborales competentes cualquier servicio que vayan a realizar en España».

Para ello, el Ministerio de Empleo se ha comprometido a trasponer antes de que termine la legislatura la directiva 2014/67/UE sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios. Fuentes del ministerio han señalado que pese a que el plazo para adecuar la legislación española a la comunitaria vence a mediados de 2016, el Ejecutivo lo hará cuanto antes, al considerar prioritario que las multas sean "más contundentes".

Este fenómeno muy extendido en España y otros países de la UE se basa en la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la UE con menos costes de explotación de la actividad, lo que claramente genera una situación de competencia desleal.  Efectivamente, en los últimos años han proliferado el número de  compañías españolas que se  valen de la práctica de abrir filiales localizadas en países como Rumanía y Bulgaria, aunque, en la práctica, continúan operando en España. De esta manera ahorran una gran suma en impuestos y costes laborales en los países del Este de Europa. Esta “rebaja” de sus costes operativos  les permite competir con el resto de empresas en condiciones ventajosas (competencia desleal) pues pueden trabajar a unos precios que para el resto de  empresas es inasumible pues supone trabajar por debajo de sus costes.

Este cambio de tendencia, que propugna una tolerancia cero con las prácticas de Dumping social, no solo están teniendo repercusión en España, sino que  los principales mercados europeos parecen igualmente preocupados por el tema. De hecho,  el Parlamento Europeo debatió este miércoles, conjuntamente con la Comisión Europea, las condiciones laborales aplicables al sector del transporte por carretera (incluido el salario mínimo). La directiva reclama que se apliquen al contratista defraudador "sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas".

En la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores de 1996 (96/71/CE), que presenta un núcleo de normas obligatorias en relación con las condiciones de trabajo y empleo que deben aplicarse a los empleados enviados a trabajar a otro Estado miembro, ya se establecen garantías sólidas para proteger los derechos de los trabajadores desplazados y evitar el «dumping social». La Directiva sobre garantía de cumplimiento ayudará a que las normas se apliquen mejor en la práctica, especialmente en sectores como la construcción y el transporte por carretera, en los que, por ejemplo, las denominadas empresas «buzón» (sin ninguna actividad económica real en su país «de origen») han venido utilizando falsos «desplazamientos» para eludir las normas nacionales en materia de seguridad social y condiciones laborales. También mejorará la protección de los derechos de los trabajadores desplazados al evitar el fraude, en especial en las cadenas de subcontratación, en las que, en ocasiones, no se respetan los derechos de estos trabajadores.

Ahora, lo que se pide desde los sectores más afectados por estas prácticas, en especial el transporte de mercancías por carretera, es que la norma se trasponga a nuestro ordenamiento jurídico cuanto antes, ya que  la deslocalización de las grandes empresas de transporte está  ocasionando un impacto muy negativo para el tejido empresarial de transporte español, especialmente en las pequeñas empresas incapaces de ajustar aún más sus costes de explotación.

 

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