Tres de cada cuatro clientes de los transportistas españoles incumplen la Ley actual de morosidad en las relaciones comerciales sin que el Gobierno se decida a sancionar económicamente estos incumplimientos.
Pese a que se observa una pequeña disminución de los plazos de pago a las empresas transportistas en relación al mes anterior, diciembre sigue mostrando que los clientes de las empresas de transporte de nuestro país incumplen sistemáticamente la actual Ley contra la Morosidad, modificada por el Gobierno en Febrero de 2013 mediante la publicación del Real Decreto ley 4/2013. En dicha modificación se establecía una nueva regulación de la morosidad en España, mediante la cual se señalaba la regla general de que el plazo máximo de pago debería ser de tan sólo 30 días naturales a contar desde la prestación del servicio, el cual podrá ser ampliado a un máximo de 60 días “si así lo hubieran pactado las partes”.
Pues pese a lo que marca la Ley, los plazos de pago se situaron en Diciembre en 87 días de media ( 90 días en Noviembre), dejándonos además el poco alentador dato de que un 74% de los clientes de los transportistas, incumple la Ley, al superar el plazo máximo de 60 días a contar desde la realización del servicio.
Respecto a las modalidades de pago, según el Observatorio para la Morosidad el medio de pago preferido por los clientes de los transportistas es el confirming , presente en un 36% de las operaciones, seguido del pagaré (un 34%), de la transferencia (un 29%), y el cheque (un 1%).
La Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) lleva tiempo pidiendo a la Administración que se pongan en marcha de forma inmediata las siguientes medidas para acabar con esta situación de morosidad:
- Crear un cuerpo de inspección que vigile la morosidad.
- Establecer un recargo del 20% inmediato para todas aquellas Administraciones que no paguen en los plazos que establece la Ley y la Directiva Europea de lucha contra la morosidad.
- Establecer un régimen sancionador para todas aquellas administraciones y a las empresas que incumplan de forma reiterada y siempre y cuando responda a malas prácticas los plazos de pago con sus proveedores.
- Habilitar un buzón de denuncias donde los proveedores puedan denunciar a quien incumple los plazos de pago y no hace frente a sus facturas en el tiempo que marca la Ley.
- Que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) asuma competencia al respecto, asumiendo los plazos de pago como un instrumento de competencia desleal.
Este incumplimiento de la ley contra la morosidad afecta a todas las empresas de transporte, pero tiene especial incidencia entre el colectivo de autónomos y Pymes por la situación de debilidad financiera en que la crisis económica de estos últimos años ha dejado a este colectivo de trabajadores autónomos
