Asume la Circunvalación de Alicante y el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y ya son cinco las autopistas que revierten al Estado
El rescate de las autopistas de peaje que quebraron hace seis años en plena crisis (2012), avanza hacia la total asunción por parte del Estado. Así, el Ministerio de Fomento “rescató” en la medianoche del domingo, 1 de abril, otras dos autopistas de peaje de las nueve que están en quiebra, la Circunvalación de Alicante y el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera. De esta forma, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna ha asumido ya cinco de estas vías en problemas, toda vez que en febrero y marzo se ha quedado con las radiales R-4 Madrid-Ocaña y R-2 Madrid-Guadalajara, y la AP-36 Ocaña-La Roda.
Después de su liquidación, el Estado, y más concretamente el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, asume su plantilla y su gestión en sustitución de sus actuales sociedades concesionarias. La Circunvalación de Alicante estaba gestionada por Ciralsa, firma concesionaria participada por ACS, Abertis y Globalvía que ha quebrado con una deuda de 251 millones de euros.
Por otro lado, la autopista de Cartagena-Vera estaba gestionada por Aucosta, concesionaria participada por Globalvía, Ploder y varias de las extintas cajas de ahorro, que quebró con un pasivo de 510 millones. La Circunvalación de Alicante es una autopista de 33,2 kilómetros de longitud que actualmente registra un tráfico de 4.621 vehículos al día, mientras que la Cartagena-Vera, tiene 112,62 kilómetros y cuenta con una media de 3.942 usuarios diarios.
Se da la circunstancia de que se trata de las dos únicas autopistas en las que la fecha de su 'rescate' por Fomento fue fijada por el juez que aprobó el plan de liquidación de sus concesionarias. Para completar el rescate de las nueve autopistas, el Ministerio de Fomento se hará cargo próximamente de las otras dos radiales (la R-3 y la R-5) y la vía que une Madrid con el aeropuerto de Barajas, mientras que se espera que la AP-41 Madrid-Toledo sea la última en ser rescarada dado que su proceso de concurso de acreedores aún no ha alcanzado la fase de liquidación.
Estas autopistas son las primeras que el Estado tiene bajo su gestión en más de una década y suponen casi una quinta parte (570 kilómetros) del total de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones. El plan de Fomento para estas autopistas pasa por asumir su gestión a medida que sus actuales concesionarias vayan entrando en liquidación y explotarlas durante unos meses, hasta que en la segunda mitad del año lance el concurso público para volver a privatizarlas y ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.
Pese a que el plan de Fomento pasa por “relicitar” estas autopistas, es decir, volver a sacarlas a concurso, para así aminorar el coste que esta operación va a suponer para las arcas públicas (2.000 millones de euros, según el Ejecutivo, una cifra que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones) el Gobierno del Partido Popular ya ha reconocido que el importe de esta nueva relicitación no lo cubrirá en su totalidad y que la operación afectará así al déficit público de este año.
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