Hasta 800.000 euros de sanción para la morosidad

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El Congreso comienza a tramitar la propuesta de ley de Ciudadanos para que los autónomos y las Pymes cobren sus facturas a tiempo. El acuerdo aprobado por unanimidad contempla sanciones que oscilan entre los 60 y los 819.780 euros y un sistema de arbitraje para mediar en conflictos entre empresas.

Con más de trece años a sus espaldas, la Ley  3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, nunca ha conseguido cumplir el objetivo para el que fue creada: evitar los excesivos periodos de pago tanto en el sector público como en el privado, que tanto daño hacen a las empresas. Tampoco las sucesivas modificaciones que ha sufrido el cuerpo de la ley, fundamentalmente en 2010, que estableció una reducción significativa de los plazos de pago anteriores, estableciendo un periodo de adaptación de dos años, en los que la reducción de plazos de pago se debía ir aplicando de forma progresiva, tanto en el sector público como en el privado, hasta alcanzar los que hoy en día todos conocemos… y nadie (salvo honrosas excepciones) cumple.
Pero ahora todo eso podría cambiar si prosperan las iniciativas que se han puesto en curso y que aparecen avaladas por una mayoría de los partidos políticos, tras años de reivindicaciones de las asociaciones profesionales, tanto sectoriales como representativas de diversos colectivos, entre ellos especialmente los autónomos, uno de los colectivos más castigados por los efectos perversos de la morosidad.

 

Iniciativa del Congreso

Todo empezaba a finales del mes de abril, cuando el Congreso de los Diputados aprobó, con el voto favorable del 99% de la Cámara, una Proposición no de Ley para la implantación de un régimen sancionador contra la morosidad.
Desde que se aprobó la Ley de lucha contra la Morosidad, se ha venido reclamando por diferentes instancias un régimen sancionador que sirva como “estímulo” para  el cumplimiento efectivo de los plazos delimitados en la ley. Un incumplimiento que, a día de hoy, es prácticamente generalizado, si excluimos a algunos colectivos, como los autónomos, mientras que cuanto más grande es la empresa, más grande es el plazo de pago a los proveedores.
Por eso, tiene especial significación la proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno, en primer lugar a “Implementar medidas para establecer un régimen sancionador que sirva de instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos”. Además, el texto de la proposición propone “Llevar a cabo campañas divulgativas específicas para concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales para un funcionamiento más eficiente de nuestra economía” y “exigir en las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.”

 

Ciudadanos toma la iniciativa

Unas semanas después, a comienzos de mayo, Ciudadanos registraba en el Congreso una proposición de Ley contra la morosidad en la que ha incluido un régimen sancionador, con multas que oscilan entre los 60 y los 819.780 €, y un sistema de arbitraje para dirimir conflictos entre empresas.
El endurecimiento de la legislación contra la morosidad, régimen sancionador incluido, era uno de los compromisos adquiridos por el PP para conseguir el apoyo de Ciudadanos en la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, ante la falta de iniciativa, Ciudadanos ya advirtió de que presentarían su propuesta antes de junio en caso de que el Gobierno no presentara la suya.
La proposición de ley de Ciudadanos, auspiciada por asociaciones de autónomos, pymes y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), establece como infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de veinte días, mientras que constituirá infracción muy grave el que dicho plazo legal de pago se exceda en más de sesenta días.
Las primeras tienen establecido multas que oscilan entre los 2.046€ hasta los 40.985€, en función del grado de gravedad, mientras que las multas para las infracciones muy graves pueden alcanzar, en su máximo, entre 409.891€ y 819.780€.
La graduación de las sanciones variará, según la iniciativa, en función de criterios como que el fin del retraso en el pago responda a una búsqueda de financiación "habitual y recurrente", la existencia de fraude o connivencia entre el infractor y el acreedor, el incumplimiento de advertencias y requerimientos previos, el importe de la operación, la capacidad y solvencia del infractor o que la compañía afectada sea una microempresa o pyme.
Según la formación que dirige Albert Rivera, se pretende avanzar hacia un régimen sancionador "flexible" que permita "adaptarse a las condi- ciones de cada empresa". En el fondo, lo que se busca "no es recaudar, sino cumplir la ley", han declarado fuentes del partido naranja.
Esa es la causa de que otro de los  puntos de esta proposición es que tanto las microempresas (autónomos incluidos) como las pymes sancionadas, podrían solicitar una reducción de la totalidad de la sanción impuesta, siempre y cuando justifiquen que ellas mismas son a su vez acreedoras de deudas por un importe total superior a las deudas pendientes de pago por las que han sido castigadas.
Sistema arbitral y publicidad de los plazos
La segunda “pata” en la que se asienta esta proposición de Ley, junto al régimen sancionador, es la creación de un Sistema Arbitral de Morosidad, cuya organización, gestión y administración y su procedimiento de resolución de conflictos encomiendan desarrollar al Gobierno en el reglamento de la ley.
Otro capítulo importante se refiere a la publicidad de los plazos de pago, estableciendo la obligatoriedad para las empresas de publicarlos en las memorias de sus cuentas anuales.
Eso en cuanto al sector privado, pero el público tampoco estaría exento: en su caso sería la Intervención General del Estado la que elabore trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley para las obligaciones de la Administración General del Estado, en la que se recoja el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
Por último, se pretende establecer una serie de canales (telemáticos) para que cualquier persona, física o jurídica, pueda comunicar incumplimientos en los plazos de pago. En concreto, se habla de la figura de un 'Buzón de Lucha contra la Morosidad', gestionado por la Agencia Tributaria, y un Observatorio Estatal de la Morosidad que pueda también, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda, asesorar y evaluar las políticas desarrolladas en esta materia.

SABÍAS QUE...

El 71% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplen la legislación vigente en materia de morosidad al superar el plazo máximo de 60 días a contar desde la realización del servicio. El plazo medio de pago  ascendió en abril a  85 días, frente a los 86 del mes anterior.

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Plataforma sectorial contra la Morosidad

Junto a las iniciativas políticas, o muy probablemente como catalizador de las mismas, durante los últimos cuatro años la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha venido desarrollando un importante trabajo para impulsar un régimen sancionador en la Ley de Morosidad. Coincidiendo con estas iniciativas parlamentarias se celebró el pasado 20 de abril la IV Cumbre Político-Empresarial convocada por las organizaciones que componen la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, bajo el lema “Cumplimiento de las promesas electorales en materia de morosidad”, que con la asistencia de la gran mayoría de formaciones políticas, dejó patente el compromiso político por avanzar en este sentido, que se plasmaría unos semanas más tarde con la proposición de Ley de Ciudadanos. Durante la Cumbre Político-Empresarial se ha puesto de relieve los efectos tan negativos que la situación de morosidad y de dilación en los pagos provocan en los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, lo que les obliga a quintuplicar sus necesidades de financiación frente a las empresas de los restantes países europeos, lo que les hace perder competitividad. Esta lacra afecta a todos los sectores productivos, y el transporte por carretera no se libra: en torno a un 70% de los clientes de los transportistas incumplen la ley de morosidad, habiéndose situado el plazo medio de pago en 2016 en 85 días. Como consecuencia de ello, la alta tasa de morosidad que soporta la economía española ha provocado que durante la crisis hayan desaparecido una de cada tres pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
La Administración contrataca.
Sin embargo, no parecía que la Administración estuviera tan convencida de acatar un régimen sancionador contra la morosidad. Tan sólo una semana después de que se presentará la proposición de Ley de Ciudadanos en el Congreso, ATA denunciaba que la Administración ha empezado a buscar la manera de saltarse legalmente la ley de Morosidad.
Según denuncia la asociación de autónomos, amparándose en la validación de las facturas, la propuesta de modificación de la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas dejaría la puerta abierta al incumplimiento del plazo de 30 días.
Según informa ATA, el Gobierno propone que el plazo de pago se contabilice desde certificación o conformidad de los bienes y servicios, cuando la certificación o conformidad son establecidos en la Directiva europea como procedimiento excepcional de aceptación o verificación de una duración máxima de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de bienes o servicios. Plazo que omite la propuesta del Gobierno.

 

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