Transportes: nuevos aires... ¿viejas políticas?

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Tras un año de interinidad del Gobierno, comienza una nueva legislatura que sin duda estará marcada, no sólo por una hasta ahora no vista pluralidad del arco parlamentario español, sino también por la ingente labor que le espera al nuevo Gobierno en materia económica y, si reducimos el foco, en el ámbito del transporte por carretera.

Al frente del departamento, Mariano Rajoy ha colocado a un “neófito” en la materia, pues proviene directamente de la alcaldía de Santander que, no obstante, no parece que vaya a efectuar demasiados cambios en el organigrama de Fomento, por lo que el equipo, salvo excepciones mantendrá su estructura actual con Joaquín del Moral como principal interlocutor del Ministerio de Fomento.

Muchos son los temas abiertos, que deben ser acometidos por Fomento sin ninguna dilación, a los que se unen otros que amenazan con crear nuevos conflictos ya superados, pero que el nuevo Gobierno parece empeñado en rescatar del olvido acuciado por sus “urgencias” presupuestarias.

En el plano legislativo, lo más urgente es concluir el desarrollo del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), que acumula ya tres años de demora, en el que se deben concretar algunas cuestiones de enorme interés para los transportistas, entre ellas los requisitos de acceso a la profesión, cuestionados desde diferentes ámbitos (incluida la Unión Europea). Precisamente el pasado mes de Noviembre, la Comisión Europea, tras el dictamen motivado que ya envió en Febrero a las autoridades españolas, ahora da un paso más (podría ser decisivo) y lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir los requisitos que han de reunir las empresas para operar en el mercado del transporte por carretera. Dichos requisitos se establecen en el Reglamento (CE) n.º1071/2009.

Frente a las obligaciones recogidas por el Reglamento Comunitario, que se circunscriben a que las empresas tengan un establecimiento efectivo y fijo en un Estado miembro, requisito para el cual las empresas deben disponer de uno o más vehículos, matriculados en el Estado miembro de establecimiento además de gozar de honorabilidad y poseer la capacidad financiera apropiada, la legislación española, obliga a las empresas a disponer de al menos tres vehículos.

La Comisión considera que este requisito es desproporcionado y puede ser discriminatorio contra los pequeños transportistas, que muy a menudo solo disponen de un vehículo y quedan por tanto excluidos del mercado del transporte por carretera.

El Gobierno español se ve ahora en una difícil posición, pues desde todos los ámbitos del Ministerio de Fomento han defendido en estos últimos meses la continuidad de todos los requisitos actuales de acceso a la profesión en España, incluida la obligación de disponer de tres vehículos y una capacidad de carga de 60 ton.

El catálogo de “deberes” pendientes es tan amplio (medidas proteccionistas de algunos Estados Miembro en Europa, dumping social, economía colaborativa incrementos fiscales, cargas sociales, etc) que De la Serna no va a poder contar ni con el periodo de gracia que se le concede a todo recién llegado. A trabajar.

Desde el Ejecutivo se han mostrado totalmente contrarios a incrementar la presión fiscal sobre los carburantes, pese a que España mantiene uno de los tipos impositivos mas bajos de Europa

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El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ha deslizado la propuesta de rescatar la Euroviñeta de cara a cumplir con los compromisos de déficit con Bruselas en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Las tentaciones para 2017

El nuevo Gobierno, pese a que la economía doméstica parce gozar de una buena vitalidad ( para este año se prevé cerrar en torno al 3% de crecimiento del PIB y en 2017 se baraja la cifra del 2,8%), se enfrenta a la temida presión por parte de la Unión Europea para que rebaje su déficit, un recorte de cerca de 5.500 millones de euros que tiene que “salir” de algún lado.

Esto ha obligado al Gobierno a intentar rescatar algunas tasas y subir impuestos para hacer caja. Entre los primeros, la Euroviñeta, una tasa para camiones por el uso de las infraestructuras, planea desde hace años sobre sector. La afirmación, no proviene de fuentes “infundadas”. Todo lo contrario, pues ha sido el propio Ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha deslizado la propuesta, de cara a cumplir con los compromisos de déficit con Bruselas en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
La propuesta ha tenido una fuerte contestación desde diversos ámbitos del sector, como FETRANSA, que afirma que “el déficit debe combatirse mediante el estímulo y el apoyo a los sectores económicos que generan riqueza y puestos de trabajo, como el transporte por carretera, y no gravándolos con mayores cargas fiscales, máxime cuando existen otros modos de transporte, como el ferrocarril, que le cuesta a las arcas públicas 231 millones de euros al año”.

Sobre la eficacia de esta medida también se han sembrado tradicionalmente serias dudas, ya que se temen los “efectos perjudiciales inmediatos en la competitividad de toda la economía española”, así como “las consecuencias inflacionistas” debido al incremento en el precio final de todos los productos, “reduciéndose el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo cual lastraría el consumo, factor clave para una recuperación económica definitiva”, afirman desde CETM.

Respecto a una hipotética subida de impuestos, y descartada por el Gobierno una subida en IRPF e IVA, todas las miradas apuntaban hacia los impuestos especiales, y, cómo no, hacia el carburante. Sin embargo, al menos a día de hoy, desde el ejecutivo se han mostrado totalmente contrarios a incrementar la presión sobre los carburantes, pese a que, como le recuerdan desde Europa, España mantiene uno los tipos impositivos más bajos sobre gasolinas y gasóleo.

Peticiones para 2017

Entre las peticiones para 2017 que desde las organizaciones profesionales vinculadas a los autónomos se oyen con más fuerza, destacamos un “cambio” de las políticas mantenidas por Fomento, muy criticado en estos últimos meses por entender la “excesiva atomización” del transporte como uno de sus mayores males.

“En la actualidad -señalan desde Fetransa- España es una de las principales potencias en transporte de la UE, a lo que se ha llegado con cuotas de autónomos en el sector de más 90% en los años 90, siendo hoy en día aún del 70%”.

Por eso, más que buscar un mayor dimensionamiento de las empresas abogan por aplicar “medidas de apoyo y equilibrio para paliar la debilidad endémica del transportista frente al cargador”.

No podemos olvidar tampoco, en esta línea, la petición de mantenimiento del régimen fiscal de módulos para el transporte con la limitación de facturación anual de 125.000 € incluso más allá del 2017, que mantuviera en este régimen a los autónomos que tienen un único vehículo.

La reciente aprobación del Decreto Ley de Medidas Fiscales que determina que los autónomos no pueden aplazar el IVA, tampoco parece que vaya a contribuir a mejorar la precaria realidad de muchos autónomos, por lo que seguro que será otro de los puntos que tendrá que acoger la proposición de ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y aprobada por abrumadora mayoría.

politicas transporte1 autonomosenrutaLA EUROVIÑETA: Un 10% de incremento de costes


AECOC, la Asociación de Empresas del Gran Consumo que agrupa a más de 27.000 compañías, se ha mostrado “convencida de que esta medida afectaría negativamente tanto al tejido empresarial español como al consumo”.
Y cifra la consecuencia directa de la aplicación de la Euroviñeta: un aumento general estimado de los costes del transporte de entre un 3% y hasta un 10%, para los transportistas que utilizan regularmente las vías principales, además, obviamente, de un encarecimiento el precio de los productos, pues este sobrecoste no podrían asumirlo las empresas transportistas, siendo repercutido en el precio final de los productos lo que provocaría a su vez “ un recorte del poder adquisitivo a los ciudadanos, minando el consumo interno y dificultando la marcha positiva de la economía española”.
La medida no sólo afectaría el consumo interno sino que también debilitaría las exportaciones españolas. Esta afirmación se basa en el hecho de que España es un país periférico y quien utiliza nuestras infraestructuras son las propias empresas españolas, no empresas en tránsito, generando una pérdida de competitividad para las propias empresas que tienen como foco la exportación (tanto empresas productoras como de transporte), “ya que vería cómo el aumento del precio del transporte hace que se encarezcan sus productos frente al de otros competidores”.

 

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