LEY DE TRÁFICO: objetivo reducir la siniestralidad

leytrafico openEl pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 24 de marzo la modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad. Tras su trámite parlamentario, ha entrado en vigor el 9 de mayo e introduce modificaciones significativas que afectan, entre otros, al transporte por carretera.

Apunto de cumplirse cuatro años desde la entrada en vigor de la última reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial -LTSV- por Ley 18/2009, de 23 de noviembre, el BOE del pasado 8 de abril venía a publicar una nueva modificación de esta norma, operada esta vez por Ley 6/2014, de 7 de abril.

Esta norma modificadora de 2014, cuya entrada en vigor se produce el  9 de mayo, viene a introducir una serie de cambios, algunos de ellos significativos, sobre todo en el ámbito del procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial, en relación a cuestiones sobre velocidad, alcohol y drogas, ciclistas y elementos de seguridad, y también cuestiones relevantes como la prohibición de los detectores de radares y de los cinemómetros. Pero también introduce algunas modificaciones que van a afectar al transporte de mercancías por carretera y que, desde algunas instancias, ya se han apresurado a calificar de “desproporcionadas”.


 

La caída de la carga de un vehículo en la vía, creando grave peligro para el resto de usuarios será sancionada como infracción muy grave, al igual que causar daños a la infraestructura de la vía o alteraciones a la circulación, debidos a la masa y dimensiones del vehículo.

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Reestricciones  medioambientales


Uno de los aspectos más novedosos de la Ley es que recoge expresamente la posibilidad de restringir el acceso o la circulación por las vías a determinados vehículos por motivos medioambientales, tal y como se recoge en el Plan AIRE donde se prevé la creación de un marco normativo estatal para la implantación de zonas de bajas emisiones.
Esta medida recogida de forma general en la Ley, necesita de un desarrollo reglamentario posterior, que involucra a varias administraciones públicas, ya que las competencias de circulación de las vías urbanas corresponde a los municipios y la de las vías interurbanas y travesías a la Dirección General de Tráfico, al Servei Catalá de Transit y a la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

 

Ley de Tráfico

 


 

Se permite la  inmovilización del vehículo en carretera en el caso de que el conductor carezca del permiso de conducir C (camiones) o D (autobús)

 

Ley de Tráfico

 


 

Ley de Tráfico

 

La reforma de la Ley abre la puerta al incremento hasta los 130 kilómetros por hora del límite máximo en determinados tramos de autovías y autopistas, al tiempo que se baraja la posibilidad de  reducir hasta los 80 km/hora  la velocidad máxima en carreteras secundarias.

 

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Así entre las nuevas medidas que afectan al sector del transporte por carretera, a partir de su entrada en vigor, el día 9 de mayo,  se sancionará como infracción muy grave el incumplimiento por parte del transportista de cualesquiera de las condiciones recogidas en la autorización administrativa que habilita para su circulación. Desde la mayoría de las asociaciones profesionales se ha calificado esta modificación como “desproporcionada” pues se califica al mismo nivel dicha infracción que otras en las que la incidencia para la seguridad vial es muy grave, como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas,  o incluso la conducción temeraria o en sentido contrario.
Además, señalan fuentes del sector, puede provocar graves distorsiones en determinados tipos de transportes en los que, el número de instrucciones sobre la forma de realizar el transporte, son muy numerosas, como en el caso de los transportes especiales  por lo que cualquier incumplimiento, por leve que fuera, daría lugar a su calificación como infracción muy grave.
Otra situación  que aparece sancionada como infracción muy grave es la caía de la carga de un vehículo en la vía, creando grave peligro para el resto de usuarios, al igual que causar daños a la infraestructura de la vía o alteraciones a la circulación debidos a la masa y dimensiones del vehículo. Teniendo en cuenta que la caída de la mercancía a la vía puede ser debida a causas ajenas a la voluntad del transportista (pavimento en mal estado, colisión con otro vehículo que provoca el vuelco de la mercancía, rotura de uno de los elementos de fijación, etc.), y que no se especifica en el texto que esta situación se haya producido por una causa achacable al conductor del vehículo, podría vulnerarse el principio de responsabilidad en materia sancionadora. Además, tal y como afirman desde Fenadismer, hay que tener en cuenta  “que en determinadas especialidades del transporte, el transportista no está presente durante las labores de carga y estiba de la mercancía”, por lo que la responsabilidad de éste sobre la infracción planteada por tráfico sería muy cuestionable.

En el capítulo de inmovilizaciones también encontramos una novedad que afecta y de manera exclusiva al transporte profesional. La nueva Ley de Tráfico permite la inmovilización  del vehículo en carretera en el caso de que el conductor carezca del permiso de conducir C (camiones) o D (autobús). El hecho de que no se plantee la inmovilización en estos casos para otras categorías de vehículos supone, en opinión de diversas asociaciones del sector, discriminatorio para con el transporte profesional. Además, hay que destacar el hecho de que  el texto no entra a especificar  en qué condiciones se aplicaría dicha medida, es decir, si sólo se aplicaría en el caso de que el permiso no se poseyera o hubiera sido objeto de anulación, o también cuando se encuentre caducado o pendien- te de canje.


Se abre la puerta  a los 130  km/hora

En el capítulo de reformas de carácter general, la nueva  Ley de Tráfico incluye importantes novedades de materia de seguridad vial y abre la puerta a otras que se incluirán en el futuro Reglamento de Circulación, que previsiblemente entrará en vigor en junio.

Entre éstas últimas la reforma de la Ley abre la puerta al incremento hasta los 130 kilómetros por hora del límite máximo en determinados tramos de autovías y autopistas, al tiempo que se baraja la posibilidad de reducir hasta los 80 km/hora la velocidad máxima en carreteras secundarias. Tanto éstas medidas como las que tienen que ver con los sistemas de retención infantil, no entrarán en vigor hasta que se apruebe el Reglamento.

En el caso de los niños, a partir de la aprobación del Reglamento, se estipula que los menores que midan hasta 1,35 metros estarán obligados a utilizar los sistemas de retención infantil (SRI), en detrimento del peso y la edad como hasta ahora.

En cualquier caso, no podrán viajar en los asientos delanteros aunque utilicen un SRI, salvo que todos los traseros estén ocupados por otros menores.

En el capítulo de sanciones, se prohíben los detectores de radar, sancionados con una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carné.  Asimismo, se eleva hasta los 1.000 euros la sanción por conducir bajo los efectos de drogas ilegales en el organismo, a excepción de las que se utilicen por prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica (por ejemplo metadona). En el caso de la conducción bajo los efectos del alcohol, se mantiene la multa de 500 euros , pero se eleva hasta los 1.000 euros si la tasa duplica el máximo permitido o en caso de reincidencia en un año.


20 días para pagar voluntariamente

El nuevo texto también recoge de forma explícita que la prueba salival, mediante los dispositivos autorizados, es el medio preferente para detectar in situ la presencia de drogas en el organismo para su posterior análisis.
La Ley también establece la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas, no sólo a los conductores de un vehículo, sino a los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción.
Al mismo tiempo se facilita un poco más la acción sancionadora de los agentes de tráfico, al permitir no parar e identificar al infractor cuando el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control del tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo.

También se prevé aumentar a 20 días los plazos para presentar alegaciones y para pagar de forma voluntaria las multas, que ahora es de 15 días.

Respecto a los vehículos extranjeros, se obliga a matricular definitivamente en España a los vehículos que se utilicen en territorio nacional por residentes extranjeros o por titulares de establecimientos o empresas.

La nueva Ley de Tráfico facilita el acceso a los registros de otros países de la UE, de manera que se establece un procedimiento para el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico cometidas por  un vehículo matriculado en un Estado de la UE en otro país distinto.

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