Control sobre la cadena de transportes

182_cadTTE_openEl año 2013 comienza con algunas novedades legislativas que afectan, aunque no sea de forma drástica, al transporte de mercancías por carretera. Un renovado documento de control, subidas en los módulos de IVA, y una modificación de la LOTT que está pendiente del trámite parlamentario, pero que estará en vigor posiblemente antes del verano.

 

La primera de las novedades, afecta al documento de control para el transporte de mercancías por carretera. Ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministerial por la que se regula el documento de control administrativo que se exige para hacer transporte público de mercancías por carretera, para adecuar su contenido a la Ley 15/2009 de contrato de transporte terrestre de mercancías. La orden ministerial entra en vigor el 5 de julio de 2013.
En opinión del ministerio de Fomento, mediante la orden ministerial, “se clarifican los sujetos obligados a documentar los envíos en los que se materializan los contratos de transporte público de mercancías, así como su responsabilidad”. Además, se ha revisado el contenido de la documentación de control, para disponer de un documento más sencillo.
Sin embargo su aprobación no ha sido ajena a las críticas de algunas asociaciones de transporte por entender que “no mejora absolutamente en nada la regulación actual, antes bien, empaña notablemente la deseada transparencia del mercado de transporte”. Así se lo habrían transmitido al Ministerio de Fomento las asociaciones de transportistas mayoritariamente en la reunión celebrada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera el día 11 de Julio de 2012, aunque esta oposición no surtido ningún cambio en la redacción final de la orden, algo que, por otra parte, está convirtiéndose en una costumbre, como ha vuelto a ocurrir con la reciente aprobación de la modificación de la LOTT.
El camino realizado por este documento de control se inició en 2003, la Orden FOM/238/2003, de 31 de enero, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera y que venía a desarrollar el artículo 222 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
La posterior Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, entre otras cosas, presta especial atención a la determinación de los sujetos intervinientes en el contrato de transporte y a la clarificación de la posición de aquéllos que intermedian en la contratación, consagrando en líneas generales la obligación de contratar en nombre propio y a asumir la posición del porteador. Igualmente, la Ley aborda la intervención de varios sujetos por vía de la subcontratación en el transporte.
La Ley 15/2009 hacía conveniente revisar el contenido de las normas reguladoras de la documentación de control, adecuándolas a la nueva realidad jurídica, de forma que se clarifiquen los sujetos obligados a documentar los envíos en los que se materializan los contratos de transporte público de mercancías, así como su responsabilidad.
Además, también se ha considerado adecuado revisar el contenido de la documentación de control, reduciendo el número de datos que se ha de incluir en el documento de control, con la finalidad de contar con un documento sencillo y de fácil elaboración, pero que, al mismo tiempo, sea eficaz y permita que los órganos administrativos competentes tengan una adecuado conocimiento de las operaciones mercantiles que están obligados a inspeccionar y controlar.

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Se suprime la obligación de recoger los datos del expedidor, del operador de transporte y del destinatario, lo que contraviene con la transparencia en la cadena de subcontratación que demandan las organizaciones de transportistas


 

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Se restringen los pagos en efectivo a menos de 2.500 euros para operaciones entre empresas y/o profesionales, ya sean autónomos o sociedades

Dos ejemplares de control

Las modificaciones aprobadas afectan sobre todo a dos cuestiones de relevancia; los intervinientes que tienen que formalizar el documento de control y los datos obligatorios que deben figurar en él. Con la nueva reglamentación en la mano, cada envío deberá   ser documentado con un documento de control del que se realizarán dos copias, una por el transportista efectivo que realiza el transporte y otra por el   cliente del transportista efectivo (cargador contractual) que puede ser: el cargador inicial o remitente, la agencia o intermediario, una cooperativa, el operador logístico o incluso un transportista que subcontrate el servicio de transporte.
Eso si, tan sólo se emiten dos ejemplares del documento de control, cuando en la actualidad se deben expedir tantos ejemplares como partes intervengan en la cadena de subcontratación
Por lo que respecta a los datos que debe incluir el documento, éste ha de contener, al menos el nombre, domicilio y NIF del cargador contractual, y del transportista efectivo, lugar de origen y destino del envío objeto de transporte, naturaleza y peso de la mercancía transportada, fecha de realización del transporte y   matrícula del vehículo del transporte, incluido el remolque o semirremolque.
Con respecto a la normativa anterior se han eliminado algunos datos que las asociaciones consideran importantes reseñar, como   los datos identificativos del cargador inicial o remitente de la mercancía, del intermediario y del destinatario de la mercancía. Por otro lado, una de las cuestiones más “peleadas” por las asociaciones profesionales como es la inclusión del precio del servicio del transporte, que antes se admitía con carácter voluntario, se suprime ahora del documento.
La Orden publicada por Fomento, detalla también los transportes exentos de llevar documento de control, que son los mismos que hasta ahora, con la única salvedad del transporte de residuos, que ahora ya no forma parte de los transportes exentos, entre los que si se mantienen     todos los vehículos de transporte que estén exentos de autorización de transporte,   el transporte de mudanzas,   de vehículos averiados o accidentados, así como los servicios de paquetería o similares.
Por otro lado, los transportes en los que su normativa específica exija llevar carta de porte, como son las mercancías peligrosas, transporte internacional, etc, tanto la carta de porte para mercancías peligrosas, como el CMR, servirán como documento de control administrativo, siempre que contenga todos los datos que se recogen en la orden ministerial.
Finalmente, la Orden Ministerial obliga a conservar dicho documento a disposición de la Inspección de Transporte al menos durante un año.

Vuelven a subir los módulos

En el Boletín Oficial del Estado del pasado 30 de Noviembre se ha publicado la Orden del Ministerio de Hacienda 2549/2012, de 28 de Noviembre, por la que se desarrollan para el año 2013 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En la práctica, supone un nuevo “palo fiscal” para unos profesionales que han visto reducida su actividad considerablemente, pero que los impuestos no dejan e aumentar. Si el pasado mes de octubre de 2012 se modificaron las cuantías de los módulos referentes al régimen simplificado del IVA para adecuarlos al incremento del IVA que se produjo en el régimen general, en 2013 nos encontramos con otra subida en los mismos. Así, el transporte asiste impasible a un incremento del 16,60% desde Enero de 2012, desde los 3.557,14 € que se pagaban entonces a los 4.149,99 euros que tendremos que abonar durante este ejercicio.
Parece obvio que el gobierno está interesado en quitar los módulos, así se deduce de las medidas propuestas durante este año y, para no tomar una medida radical que provocaría el rechazo unánime de los pequeños empresarios, lo está haciendo de manera gradual, incrementando la cuantía de los módulos hasta que no resulten interesantes.
En este sentido ya publicó, en el BOE del pasado 30 de octubre la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, en la que, en lo relativo al régimen de módulos, la Ley excluye del régimen de estimación objetiva (módulos) a los transportistas autónomos que tengan un volumen de ingresos superior a 300.000 euros (frente a los 450.000 anteriores). Y eso que su propuesta inicial señalaba un límite máximo de 50.000 euros, es decir, la exclusión de la práctica totalidad de los transportistas autónomos.   A estos efectos, sólo se computarán los ingresos procedentes de la facturación por los servicios de transporte, es decir, que no se computará el inmovilizado material como pueden ser, por ejemplo, los vehículos de transporte.
Otras novedades legislativas con las que tendremos que convivir durante este año son la restricción de uso del dinero en efectivo, limitándose los pagos en efectivo a menos de 2.500 euros para operaciones entre empresas y/o profesionales, ya sean autónomos o sociedades, o la responsabilidad subsidiaria por retenciones no ingresadas, de manera que los administradores de empresas que presenten de modo reiterado declaraciones por retenciones o tributos repercutidos sin proceder al ingreso de la deuda tributaria (o si se ingresa menos del 25% de la cuota), serán responsables subsidiarios del pago de la misma cuando pueda acreditarse que no existe intención real de pagar.

 


 

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LA LOTT indigna al sector

En 2013 también asistiremos a la esperada modificación de la LOTT, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros y pendiente de trámite parlamentario. Como ya informamos con anterioridad, con ocasión de la publicación del anteproyecto, el ministerio ha hecho caso omiso a las propuestas planteadas por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, lo que ha indignado al sector, casi con total unanimidad, algo, por otra parte, difícil de ver.
Esta indiferencia administrativa ha llevado a que algunas organizaciones hayan afirmado que intentarán utilizar el trámite parlamentario para que sean los partidos políticos los que recojan sus propuestas y las presenten en forma de enmiendas a la Ley.
Habrá que esperar unos meses, probablemente hasta mediados de año para conocer el texto definitivo de la Ley que rige la actividad del transporte y que contiene, al menos en su redacción previa, algunos cambios de gran calado para el sector.

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