La medida va a beneficiar, en su mayor parte a las denominadas “empresas Buzón”, empresas españolas que han deslocalizado sus flotas a los únicos efectos de obtener menores costes laborales y fiscales, pero sin ninguna actividad real allí, sino para trabajar de forma permanente en España.
El Gobierno ha decidido ampliar la bonificación de hasta 20 céntimos por litro a los combustibles para los vehículos de transporte por carretera durante este primer semestre de este año también a las empresas extranjeras que operan en España, una medida que ha sido acogida por las asociaciones profesionales de transporte con sorpresa y cierto malestar.
Además, la medida del Ejecutivo se llevará a cabo con carácter retroactivo, lo que implica que todos los repostajes que hayan realizado los camiones con matrícula extranjera que hayan trabajado en España desde el pasado mes de Enero podrán obtener la bonificación de hasta 20 céntimos por litro en el combustible.
Como se recordará, entre las principales medidas incluidas en el nuevo Paquete de Ayudas aprobado por el Gobierno mediante Decreto-Ley el pasado mes de Diciembre, fruto de las negociaciones llevadas a cabo entre las asociaciones nacionales de transportistas y el Ministerio de Transportes, se incluyó la bonificación de hasta 20 céntimos por litro a los combustibles para los vehículos de transporte por carretera durante este primer semestre de este año, la cual se articula a través de la figura del gasóleo profesional en el caso de los camiones de más a superior a las 7.5 toneladas.
Las asociaciones profesionales han cuestionado la ampliación, en base a que quienes saldrán beneficiados por esta bonificación son, en su mayoría, las denominadas “empresas Buzón”, empresas pertenecientes a empresarios españoles que han deslocalizado sus flotas en dichos países a los únicos efectos de obtener menores costes laborales y fiscales, pero sin ninguna actividad real allí, sino para trabajar de forma permanente en España.
Una situación que, según datos de Fenadismer, afecta ya a casi el 40% del transporte con origen o destino en España, que es realizado por empresas extranjeras, principalmente radicadas en Polonia, Lituania, Portugal, Bulgaria y Rumanía, precisamente, aquellas que con la nueva medida aprobada se verán beneficiadas con dinero público.
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