La reforma abre la posibilidad de que las gasolineras se vendan entre sí carburantes, al tiempo que se permite la posibilidad de que éstas agrupen sus compras para obtener mejores precios por parte de las operadoras
Tras la aprobación en 2013 de la Ley de Hidrocarburos, el Gobierno se ha visto obligado a impulsar una nueva reforma de la Ley, a tenor de los pocos resultados obtenidos con el anterior texto, sobre todo a la hora de conseguir que el mercado de hidrocarburos en España goce de una mayor competencia, que lógicamente debería traducirse en un abaratamiento del precio de los carburantes.
Ahora, tras un trámite parlamentario en el que el Partido Popular ha hecho valer su mayoría en la cámara, la Comisión de Industria del Congreso aprobó el jueves 26 de marzo el proyecto de Ley de Hidrocarburos, respaldado con los votos del Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, mientras que CiU y UpyD se abstuvieron. Votaron en contra el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC).
Una de las principales novedades que incluye esta reforma es la posibilidad de que las gasolineras se vendan entre sí carburantes, al tiempo que se permite la posibilidad de que éstas agrupen sus compras para obtener mejores precios por parte de las operadoras. Actualmente las grandes compañías son las únicas capaces de vender a las gasolineras y distribuidores y estos, a su vez, a los consumidores, lo que limita, en la práctica, una competencia efectiva, de la que puedan beneficiarse, en último término, los consumidores finales. El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, calificó esta reforma como “necesaria, eficaz, proporcional e imprescindible para salvaguardar el interés público” y añadió que de esta forma, “las gasolineras podrán juntarse, comprar, presionar y reducir así el precio del combustible al que ellos compran a los mayoristas”.
El segundo gran cambio que propicia esta reforma de la Ley de Hidrocarburos es que fija en un 30% el volumen que cada compañía petrolífera podrá vender a nivel provincial a partir del 1 de julio de 2016. Este límite del 30% ya venía recogido en la actual redacción de la Ley, pero los grandes operadores habían encontrado algunos resquicios legales para sortear el porcentaje máximo, como reorganizar sus estaciones de servicio en determinadas provincias. Con la reforma actual, cambia el concepto por el que se estipula el límite del 30%, que deja de ser el número de puntos de venta, para pasar a ser el volumen de litros vendidos.
La reforma, contó con el rechazo del grupo socialista que afirma que el ministro de Industria “ha desaprovechado una vez más la posibilidad de alcanzar un gran acuerdo para introducir mayor competencia en el mercado español de los carburantes”.
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