El 9 de abril finaliza el plazo para reclamar los peajes ilegales que cobró la Diputación de Guipúzcoa

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Las sentencias tanto del Tribunal Superior de Justica como del Tribunal Supremo, abrieron la posibilidad de que los transportistas puedan recuperar todo lo cobrado durante estos 4 años de vigencia.

Tras la paralización por la Diputación de Guipúzcoa el pasado mes de Octubre del cobro de los peajes a camiones, que puso en marcha en Enero 2018, en ejecución de las sentencias dictadas en contra de dicha medida recaudatoria tanto por el Tribunal Superior de Justica como por el Tribunal Supremo, se abrió la posibilidad de que los transportistas puedan recuperar todo lo cobrado durante estos 4 años de vigencia, cuyo plazo de reclamación finaliza el próximo 9 de Abril, y que se calcula que podría alcanzar un importe total superior a los 40 millones de euros.

Pese a la resistencia que hasta el momento está mostrando la Diputación de Guipúzcoa en acceder al pago de lo reclamado, las sentencias del Alto Tribunal son absolutamente claras al respecto, lo que obligará a la Administración Foral a abonar cuantiosos intereses de demora en caso de que persista su negativa a devolver el peaje cobrado ilegalmente todos estos años. 

Por otra parte, el TSJ del País Vasco ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo planteado por el Comité Nacional de Transporte por Carretera , contra la Norma Foral aprobada por las Juntas Generales de Guipúzcoa el pasado mes de Diciembre por el que pretende reestablecer por tercera vez los peajes a camiones sobre todo el trazado de la N-1 y la A-15, incrementando sustancialmente el importe de los mismos, llegando a “triplicar” el peaje exigido anteriormente hasta su anulación, lo que estas asociaciones  consideran absolutamente desproporcionado teniendo en cuenta las características de las vías sobre las que se pretende aplicar.

En todo caso, su puesta en marcha no se producirá previsiblemente hasta finales de este año o principios de 2023, ya que previamente deberá ser validada por la Comisión Europea en lo que se refiere a su compatibilidad tarifaria con lo establecido en las Directivas europeas en materia de tarificación de infraestructuras.

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