La Secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, cuestiona si “alguien puede entender que los camioneros españoles paguen por usar las carreteras de toda Europa y los extranjeros usen gratis las estatales”.
La Secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado este lunes que es «imperativo» el pago de una tasa por el uso en las autovías españolas y ha apelado a «no aplazarlo más», según la información recogida por Europa Press, durante la inauguración del 25º Simposio Nacional de Vías y Obras de la Administración Local (VYODEAL), que acoge la Diputación de Pontevedra.
La secretaria de Estado de Infraestructuras ha defendido que este modelo de “pago por uso” como solución al creciente déficit en materia de conservación de carreteras, al tiempo que permitirá obtener así una fuente de ingresos extra y directa.
A su juicio, ni siquiera los 1.400 millones de euros que destinarán en el año 2022 los Presupuestos Generales del Estado para el mantenimiento de estas infraestructuras, y que suponen un presupuesto récord gracias a la inyección de capital del programa europeo, son “insuficientes”, para hacer frente a un déficit que los últimos informes sobre el estado de conservación de la red viaria sitúna en más de 6.500 millones de euros.
Pardo de Vera considera que España debe dar un “paso más» hacia los cambios que demandan las autoridades europeas, un modelo que se basa en “ un 60% de tasa de uso y un 40% de peajes” y ha preguntado si alguien puede entender que los camioneros españoles paguen por usar las carreteras de toda Europa y los extranjeros usen gratis las estatales.
“Se ha alargado demasiado la toma de decisiones”, ha insistido Pardo de Vera, que, junto al esfuerzo presupuestario para atajar el déficit de conservación también ha querido destacar los “enormes desequilibrios territoriales” en materia de movilidad que genera el actual sistema.
A su juicio, el tener que destinar el actual presupuesto para conservación de carreteras supone detraer recursos que “habrían de ser destinados a reforzar el aseguramiento de la sanidad, la educación o la justicia”.
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