Desciende por primera vez la morosidad de las administraciones públicas y el sector privado

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Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) se debe en buena parte  a medidas como  los créditos ICO, los fondos de liquidez extra para las CCAA y la normativa que premiaba a las empresas que saldaban sus deudas con sus proveedores.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), en la nueva edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2021”, ha detectado un significativo descenso de los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y del sector privado.

Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas,  el plazo medio de pago a proveedores disminuyó tanto en el sector público (en 16 días, un 21%, pasando de 77 a 61 días), como en el sector privado (un descenso del 6%, 5 días menos, situándose en 72 días frente a los 77 de 2020, en niveles similares a 2019 antes de la pandemia). A pesar de la mejora, los plazos medios de pago distan de los establecidos por la ley 15/2010, más que duplicándose (30 días para las AA.PP. y 60 para las empresas).

Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete , esta mejora tiene mucho que ver con las medidas tomadas durante aquel periodo: los créditos ICO, los fondos de liquidez extra para las CCAA y la normativa que premiaba a las empresas que saldaban sus deudas con sus proveedores.

Por ello, ha pedido al Gobierno que continúe acometiendo medidas concretas para que prosiga esta tendencia, porque “cuando se actúa se consiguen buenos resultados, y en el ámbito de la morosidad la herramienta principal y definitiva es instaurar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas”.

Además, la PMcM ha pedido cierta celeridad en la puesta en marcha de esta normativa, a la vista de los plazos de devolución de los créditos ICO y “cuando esto ocurra vamos a asistir a una rotura de la cadena de pagos importante; no olvidemos que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”, alerta Cañete.

De acuerdo al análisis, un 78% señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2022 no va a variar. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 75% declara que sería pedir financiación, y un 19% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.

De acuerdo con el “Informe sobre Morosidad 2021” de la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 4,8%, ligeramente inferior respecto al 5,4% del 2020.  

Cuanto mayor…peor

En lo que se refiere al sector privado, para el 61% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de €). Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 80% declara que estas superan el plazo legal: el 38% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 42% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días). Solo el 20% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.

Por el contrario, son los autónomos los mejores pagadores, pues solo el 16% de los encuestados los señala  entre los más morosos, seguidos de las Pymes, (23%).

Además, se constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 66% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004.

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

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