Para la Asociación de Transportistas Autónomos, la inacción frente a esta medida, supone un problema añadido que tendrá sus consecuencias a corto plazo,” máxime cuando se trata de una situación denunciada históricamente sobre la que no se quiere actuar”
La Asociación de Transportistas Autónomos ATA ha salido al paso de la reciente polémica suscitada a raíz de la respuesta parlamentaria en la que el ejecutivo se ha decantado por indicar que “cualquier regulación en materia de carga y descarga vendrá marcada por las condiciones establecidas en la relación comercial entre las partes”. En opinión de ATA, esta declaración “supone un jarro de agua fría a las aspiraciones del sector que ve como, una vez más se abre la puerta a la explotación de los profesionales del transporte”.
Esta situación, conocida y denunciada, tiene sus claras excepciones en casos como las mudanzas, paquetería, carga fraccionada o el transporte con vehículos equipados para la autodescarga (grúas y plataformas elevadoras), donde la actividad es intrínseca al tipo de trabajo. “No obstante-señala Antonio Villaverde, presidente de ATA- la proliferación de esta acción en otro tipo de transportes, supone, en muchos casos, un abuso por parte de los cargadores que ven en la acción, un modo de ahorro de costes a cuenta de la calidad de vida del transportista”.
La asociación de autónomos afirma como sobre esta situación planean varios problemas; el primero ya mencionado, el aumento de un trabajo que perjudica seriamente al profesional del transporte, al no estar incluido en sus horarios de trabajo. “ Cabe señalar en este punto, que no se trata de pagar o no, la actividad, sino de no desarrollarla ante el perjuicio que supone para el transportista”, señalan .
Por otro lado, la normalización de esta acción, es entendida por esta asociación como “un problema más que contribuye a dejar de hacer atractiva la profesión y en consecuencia, limita el acceso de nuevos profesionales que ven este sector como uno de los más precarios tanto a nivel económico como de condiciones laborales”.
Para ATA, la inacción frente a esta medida, supone un problema añadido que tendrá sus consecuencias a corto plazo,” máxime cuando se trata de una situación denunciada históricamente sobre la que no se quiere actuar”.
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