
En concreto, tanto Tradime como PSOE quieren que el Gobierno dé un paso en tres puntos concretos. El primero es unirse a la Alianza por la Carretera contra el dumping social y el fraude en el transporte. El segundo punto es la trasposición de la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios y que la UE puso como fecha límite para su entrada en vigor el 18 de junio de 2016. "Con esta directiva se puede exigir que el transportista que esté trabajando en España tenga las mismas condiciones laborales de un trabajador español", explica López-Montenegro, quien señala también que su aplicación podría reducirse el impacto de la competencia desleal de las empresas deslocalizadas en países del Este.
El último punto es el incremento de las inspecciones de transporte por carretera, incidiendo en los vehículos desplazados que se encuentren realizando servicios de cabotaje.
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