Este mes publicamos un amplio reportaje sobre la celebración del Foro Nacional de Transportes, el evento organizado por la principal organización que agrupa a las empresas cargadoras y en la que se dan cita éstos, junto a transportistas y administraciones públicas, aunque este año su presencia se ha circunscrito a la apertura del congreso por Carmen Librero, a la sazón secretaria de Estado de Transportes, para, en pocas palabras, no decir nada.
Este evento sirve normalmente para poner de manifiesto que, por un lado transportistas y cargadores están llamados a entenderse y que, lamentablemente, no son capaces de hacerlo. Basta con echar un vistazo a los temas que planearon sobre la mesa de debate a la que se sentaron transportistas y cargadores.
Temas ya enquistados como la carga y descarga por parte de los transportistas, la morosidad, las masas y dimensiones máximas o los más recientes como el nefasto impacto que están provocando los tenders entre, sobre todo, las pymes de transporte.
Lo de la carga y descarga y los tiempos de espera es un problema irresolubre, que sigue negociándose en las mesas abiertas entre transportistas y cargadores actualmente, aunque con escaso éxito. No es aceptable que alguien, que también es empresario, se refiera a una espera media de dos horas como un periodo “normal” de espera. Seguro que si sus trabajadores están dos horas parados por culpa de un tercero, a este cargador no le parecería tan “normal” ni tan “aceptable”. Es más, si atendemos a la franja de disponibilidad de un conductor profesional, más que aceptable parece una auténtica barbaridad.
Otros temas como la morosidad también parecen de difícil resolución, aunque aquí si parecen converger unos y otros en que mientras no se habiliten sanciones para los incumplidores de la ley, que existe y es muy clara en cuanto al periodo máximo permitido, no se podrá solucionar.
Más enjundia tuvo el tema de los tender; lo que para unos es una simple licitación, tan habitual en cualquier actividad económica, para otros se acerca más a la figura de la subasta; subasta de precios, que está provocando la pérdida de colaboraciones de muchos años a pequeñas empresas que se ven desplazadas por otras de gran tamaño que se pueden permitir el lujo de tirar el precio para quedarse con las rutas de estas empresas. ¿Es legal? Sí. ¿Es lícito, justo o razonable? Ahí tengo más dudas, pues por mucho que digan lo que se está comprando es precio puro y duro, porque a calidad de servicio, si hay diferencia, suele ser a favor de la pequeña empresa.
Otros muchos temas están sobre la mesa de negociación en marcha, de la que el debate acaecido en el Foro sólo fue un reflejo. Megacamiones, fiscalidad, acceso al mercado, responsabilidad del transportista, y un largo etc salpican la relación entre cargadores y transportistas, llamados a entenderse, aunque parezca lo contrario cuando escuchamos las declaraciones de unos y otros.
Espero como siempre vuestros comentarios.
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