Por enésima vez....

centimo sanitario editorial febreroLa estrategia del “avestruz” que ha marcado las decisiones del ejecutivo en el caso del llamado “Céntimo sanitario” desde que se hiciera pública la verdad, allá por el año 2014, parece que tiene las horas contadas, pues se acaban los agujeros en los que esconder la cabeza, en este caso sinónimo de escurrir el bulto. 

El último capítulo de este culebrón pone en una difícil situación al Gobierno del PP,  en tanto en cuanto  el Tribunal Supremo acaba de reconocer  la obligación del Estado de asumir la devolución del “Céntimo sanitario”, sin ningún tipo de restricción por interesadas prescripciones o interpretaciones  como poco rebuscadas de la norma.

El Gobierno pretendía rebajar la cuantía de las devoluciones, amparándose en la prescripción de 9.176 millones, que eran precisamente los que le correspondería abonar asumiendo la responsabilidad patrimonial del Estado.  Pero esta maniobra fiscal chocaba con la doctrina  del Tribunal de Luxemburgo, que  había reconocido en su sentencia la retroactividad del fallo porque el Gobierno no había obrado de buena fe al mantener este impuesto durante más de diez años, no habiendo hecho caso a varias sentencias y dictámenes anteriores. Vamos... escurre el bulto a ver si esto pasa de largo.

Sin embargo, esto no detuvo a miles de empresas de transporte que interpusieron demanda contra el Estado y su responsabilidad patrimonial sobre  los ejercicios fiscales anteriores al año 2010, año en el que según la Ley General Tributaria expiraba la posibilidad de solicitar la devolución por “ingresos indebidos, que sólo cubre un periodo de cuatro años.

La acción de estas empresas consiguió que cerca de 4.000 demandas se apilaran sobre la mesa del Tribunal Supremo, colapsando el máximo órgano judicial y obligándole, a su vez, a tomar una serie de medidas. Entre ellas,   invocar el artículo 37.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa que prevé la posibilidad, cuando un tribunal tenga un número elevado de recursos idénticos, de acordar que siga el trámite sólo de algunos, que considere preferentes, también denominados testigos, que marcan la pauta a seguir con el resto.  De esta manera, el Tribunal Supremo, en cumplimiento de esta previsión legal, escogió  ocho de los citados recursos, y son los que ahora acaba de estimar dando la razón a las empresas transportistas que recurrieron, solicitando  la responsabilidad patrimonial del Estado. 

A veces, una acción a la desesperada, provoca una especie de cascada que acaba derribando muros aparentemente inaccesibles. Ese efecto dominó es el que provocó Transportes Jordi Besora, que llevó el caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con valentía, y que mostró el camino a miles de empresas para enfrentarse a todo un Ministerio de Hacienda, un gigante si, pero con pies de barro  gracias a su  afán recaudatorio, aunque sea sólo por esta vez. 

Como siempre, espero vuestros comentarios

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