Las organizaciones más representativas estiman que la caida de la facturación supera el 95%, por lo que  han remitido al Gobierno un paquete de medidas que ayuden a reactivar el sector de la reparación de automoción.

 
CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines) y CONEPA (Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción), organizaciones empresariales estatales del sector de talleres de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y motocicletas, han remitido al Gobierno un paquete de medidas que ayuden a reactivar el sector de la reparación de automoción.

Los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos han sido considerados servicios esenciales en el estado de alarma actual. Sin emabargo, desde estas asociaciones destacan como  “imposibilitados para la prestación de servicios al “público en general”, han limitado su actividad exclusivamente a los vehículos que dan servicio a la movilidad esencial permitida en estos momentos”. Esta anómala situación, según ambas organizaciones habría provocado  a raíz del estado de alarma ha provocado un desplome de la facturación de los talleres de aproximadamente un 95%.

Por todo ello, CETRAA y CONEPA han elaborado un documento donde realizan una serie de propuestas urgentes para impulsar la actividad de los talleres y la posventa de automoción. Entre ellas, se contemplan medidas de carácter sanitario, priorizando la salud de trabajadores y clientes, con el objetivo de conseguir un marco de normalidad en el aprovisionamiento de material de protección y con la seguridad de que este cumple con los requisitos necesarios para su función.

También se realizan propuestas para mejorar la capacidad de financiación de los talleres y flexibilizar sus obligaciones tributarias durante 2020. Igualmente se proponen medidas de carácter laboral y de Seguridad Social destinadas, por un lado, a los autónomos, como la suspensión de la cuota del mes de mayo y el establecimiento en general de una tarifa plana de 100 € por un plazo de 6 meses desde la finalización del estado de alarma y la prolongación de la prestación por cese de la actividad en caso de disminución de la facturación tras el estado de alarma, y por otro lado, respecto a los trabajadores, el mantenimiento de los ERTES por fuerza mayor y la bonificación en las cotizaciones con un compromiso de mantenimiento del empleo durante un periodo de un año.
 
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