El escándalo Volkswagen afecta a 1,8 millones de vehículos comerciales

Volkswagen motores trucados

La marca adelantó más detalles sobre el escándalo de los motores diésel , y confirmó que de los 11 millones de vehículos trucados, 1.8 millones corresponden a vehículos comerciales.

La información sobre la lista definitiva de vehículos afectados se va conociendo poco a poco. Ayer Günther Scherelis, director de comunicación de la división de vehículos comerciales de la marca, confirmaba ante los medios de comunicación alemanes que "de los 11 millones de vehículos diésel manipulados que se han vendido 1.8 millones son utilitarios”.

La cifra total de los vehículos equipados con el motor que incluye el dispositivo para manipular las emisiones, se completaría con los 5 millones de la marca Volkswagen, 2,1 millones de Audi, 1,2 millones de Skoda y los 700.000 de Seat.

FACUA-Consumidores en Acción ha comenzado a asesorar sobre sus derechos a los propietarios de vehículos que podrían estar afectados por el fraude, poniendo a su disposición la plataforma nacional que están dando a conocer a través de las redes sociales bajo el hashtag #afectadosVolkswagen. Además “el equipo jurídico de la asociación estudia las acciones que llevará a cabo frente a las irregularidades cometidas por la compañía, a la espera de conocer qué tipo de reparación pretende llevar a cabo para que los vehículos cumplan la legislación europea en materia de emisiones de gases tóxicos”, según publica en su página web.

Al mismo tiempo advierte a los conductores con vehículos afectados que es posible que Volkswagen realice una llamada a revisión a fin de efectuar en sus talleres las modificaciones técnicas necesarias para reducir los niveles de contaminación de sus vehículos, para cumplir con  los límites establecidos en la legislación europea. Estas acciones no deben generar ningún coste para los usuarios ni implicar pérdida de calidad en las prestaciones de los automóviles, ni en consumo ni en potencia del vehículo.

Además muestra su descontento con la primera reacción del Gobierno español ante la situación, “que no ha sido precisamente contundente: la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha desentendido del asunto delegando las responsabilidades a Industria, cuyo ministro, José Manuel Soria, lejos de criticar a la empresa, ha mostrado que su principal preocupación ante este fraude es que mantenga las inversiones previstas en España”.

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