El Gobierno aprueba el aplazamiento en el pago de deudas de empresas y autónomos afectados por la COVID-19

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Esta medida es aplicable en aquellas ayudas derivadas de préstamos concedidos por la Administración y se podrá solicitar el aplazamiento de las mismas durante los ejercicios 2021 y 2022

El Real Decreto-Ley 6/2021 modifica las ayudas directas e incluye un nuevo aplazamiento de las deudas no tributarias que tengan los contribuyentes con la Administración. Ya sea por ayudas pendientes de reembolsar o préstamos a devolver.

El BOE de este miércoles 21 de abril publica la aprobación de un nuevo Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19 que contempla el aplazamiento y fraccionamiento en el pago de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras. 

Esta medida es aplicable en aquellas ayudas derivadas de préstamos concedidos por la Administración y se podrá solicitar el aplazamiento de las mismas durante los ejercicios 2021 y 2022 cuando “la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y las medidas adoptadas para controlar su propagación, hayan provocado periodos de inactividad del obligado al pago, reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor”.

Además, permite a las comunidades autónomas añadir nuevos sectores que no estuviesen previstos para recibir así ayudas directas.

Evitar la vía ejecutiva

Según destacan desde el portal autonomosyemprendedores.es,  cualquier ayuda, subvención o préstamo concedido por la Administración General del Estado (AGE), que el contribuyente tenga que devolver podría pasar hasta por tres fases. En primer lugar, será la propia AGE, la que reclame el reembolso del dinero prestado o abonado indebidamente, en el caso de las subvenciones.

Si el contribuyente no lo devolviera, se trasladaría el expediente a las delegaciones de Economía  y Hacienda para que intenten recuperarlo en periodo voluntario. Éste sería el segundo paso antes de que la deuda llegue a periodo ejecutivo, donde ya entraría la Agencia Tributaria.

Precisamente para evitar que el endeudamiento de los contribuyentes crezca y afecte a su solvencia, el Gobierno aprobó la posibilidad de solicitar una ampliación del periodo de carencia para el pago desde la fecha de vencimiento, y luego un fraccionamiento de otros dos años más. Todo ello, antes de que la deuda entre en periodo ejecutivo.

Además, las solicitudes podrán referirse tanto a deudas que se encuentren en periodo voluntario de pago, como a deudas que previamente hubieran sido aplazadas y/o fraccionadas por las Delegaciones de Economía y Hacienda, siempre que no se encuentren en periodo ejecutivo de pago. 

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