Navarra suprimirá el régimen de módulos en 2021

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El proyecto de Ley General de Presupuestos de Navarra prevé su  sustitución  por un nuevo régimen de estimación directa denominado especial, ya que prevé una deducción a aplicar sobre el rendimiento neto final, pero limitando a su vez los gastos con derecho a ser incluidos

Navarra ha decidido hacer uso de su  capacidad competencial plena para legislar en materia tributaria en lo referente, entre otros, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y desmarcarse de la línea marcada por el Gobierno Central en el tratamiento del régimen de estimación objetivo (Módulos) para el año 2021. Así,   pese a que el gobierno central ha decidido mantener un año más el régimen de módulos, el Gobierno navarro ha decidido suprimirlos totalmente para el próximo año 2021.  Eso es al menos lo que recoge el proyecto de la Ley General de Presupuestos de Navarra para 2021, en el que se prevé  su sustitución por un nuevo régimen de estimación directa denominado especial, ya que prevé una deducción a aplicar sobre el rendimiento neto final, pero limitando a su vez los gastos con derecho a ser incluidos, no permitiendo descontarse el importe de las amortizaciones, ni las operaciones de leasing o renting, entre otros.

Dicha propuesta ha sido objeto de rechazo absoluto por parte de los sectores afectados, entre ellos el transporte, cuyas asociaciones representativas han establecido un frente común solicitando una reformulación de dicha propuesta por los perjuicios que puede ocasionar a la economía de dichos colectivos. Tradisna, asociación de transporte  de esta comunidad, ya ha mantenido una reunión con el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y con la directora general de Transportes, Berta Miranda, a quienes ha trasladado su preocupación por este cambio de la tributación en el IRPF y la repercusión que va a tener en los transportistas autónomos, "ya que van a tener que abonar más en este momento de crisis".

Respecto al escrito presentado por asociaciones de diversos colectivos afectados, denuncia que si bien “dichas medidas se planteaban como una apuesta por el relanzamiento económico estos momentos de crisis por la covid-19, sin embargo, implican, en numerosos ejemplos estudiados, un incremento de la presión fiscal generalizado y por tanto no constituye una herramienta para salir fortalecidos de esta crisis, sino todo lo contrario”, manifiestan las organizaciones. “Así mismo, la aplicación de este nuevo sistema de tributación obligará a una mayor carga administrativa y de trabajo al autónomo empresario en su gestión del negocio y en caso de que decida externalizar la gestión de la contabilidad, un mayor coste económico.

Por último, denuncian que  este  cambio “no ha sido consensuado con las organizaciones profesionales firmantes, ni se ha establecido un diálogo transparente donde se hayan aportado las fichas técnicas y estimaciones económicas que evalúen el impacto de estas nuevas medidas a nivel recaudatorio y de presión fiscal para las familias”.

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