La Ley de Segunda Oportunidad para autónomos y particulares ya es un hecho

ley segunda oportunidad autonomosLa llamada Segunda Oportunidad del Emprendedor es en realidad un procedimiento extrajudicial mediante el que, de forma flexible, el emprendedor puede negociar el pago de la deuda con sus acreedores ayudado por la figura del Mediador Concursal.

Era una de las medidas que con mayor insistencia habían solicitado las asociaciones de trabajadores autónomos en los últimos tiempos, sin que por el momento, el Gobierno hubiera mostrado sensibilidad con el colectivo de “emprendedores”, tan castigado durante los peores momentos de la crisis, pero en el que el Ejecutivo parece centrar  ahora el peso de la recuperación.  

En esta línea, en el Consejo de Ministros  celebrado el viernes 27 de febrero, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, en virtud de la cual se establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas que, además, incluye por primera vez a los particulares.

La llamada Segunda Oportunidad del Emprendedor es en realidad un procedimiento  extrajudicial mediante el que, de forma flexible, el emprendedor puede negociar el pago de la deuda con sus acreedores ayudado por la figura del Mediador Concursal.

Cualquier empresario persona natural, es decir, cualquiera que ejerza actividades profesionales, así como los trabajadores autónomos, que se encuentre en situación de insolvencia o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores.

Para ello deberá justificar que su pasivo, es decir, sus deudas y obligaciones, no supera los cinco millones de euros. Durante el plazo en el que se realicen las negociaciones extrajudiciales, se suspenden las ejecuciones de los bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual.

Asimismo, se mantiene la actual posibilidad de exoneración de deudas al concluir la liquidación y siempre y cuando se paguen los créditos privilegiados, además del 25% de los créditos ordinarios si no se ha intentado un acuerdo extrajudicial, tal y como se prevé en la actualidad.

No obstante, esta Ley de Segunda Oportunidad no contempla la exoneración de los créditos públicos de los particulares o pymes ni tampoco los relativos a los alimentos, según consta en el Real Decreto Ley que ha aprobado el Consejo de Ministros.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA espera que ésta Ley de Segunda Oportunidad se tramite como proyecto de ley, para poder introducir aquellos aspectos fundamentales que debe incluir una ley así, como es establecer quitas en los créditos públicos, ya que los problemas con Hacienda y Seguridad Social son los que fundamentalmente tiene un autónomo cuando se ve obligado a cesar en su actividad. También es esencial que se establezcan mecanismos extrajudiciales ágiles, rápidos y sencillos y que no sean muy costosos para el autónomo que fracasa. Debe contemplar  para el que reemprende todos los beneficios y garantías que incluye la Ley de Emprendedores – tarifa plana de 50 euros, similares ventajas fiscales – y finalmente eliminar del recargo del 20% que impone Seguridad Social si te demoras 24 horas en el pago.

“Todo esto es fundamental para  que esta ley tenga éxito. Si no, puede ocurrir como la figura del  empresario de responsabilidad limitada y quedarse simplemente en un mero texto incluido en la ley de emprendedores”, señala Lorenzo Amor.  

Facilitar la contratación

El paquete de medidas aprobado por el Gobierno tiene una segunda parte en la que el ejecutivo se ha centrado  en impulsar la contratación indefinida por parte del colectivo de autónomos, mediante interesantes reducciones de cotización y ayudas a la conciliación familiar

La fórmula elegida para  facilitar la contratación indefinida por parte de autónomos, ha sido la reducción de cotizaciones, de forma que una vez finalice la tarifa plana de la contratación, los 500 primeros euros del salario de las nuevas contrataciones indefinidas que realice un autónomo quedarán exentos de cotizar por contingencias comunes a la Seguridad Social y tras esos 500 euros se establecerá un tipo progresivo. Se trata de una medida que permitirá fomentar el empleo indefinido y beneficia a los salarios más bajos y a los colectivos más vulnerables, al poder compatibilizarse con la ayuda del Plan de Garantía Juvenil así como con la ayuda de parados de larga duración. Así, la nueva bonificación para autónomos les permitirá ahorrar 3.000 euros en un año y mejorara la conciliación de la vida laboral y familiar. Esta reducción de cotización no tendrá, en ningún caso, impacto en la generación de derechos de prestaciones para el trabajador, que se calcularán aplicando el importe íntegro de la base de cotización.

La nueva tarifa reducida va a obligar al empresario a aumentar la plantilla y el número de trabajadores fijos. El empleador estará obligado a mantener el nivel de empleo generado con los nuevos contratos durante, al menos, tres años. Si este requisito se incumple durante el primer año, el empresario deberá devolver la totalidad de la reducción de cuotas. A partir del segundo año deberá devolver la parte proporcional a los meses transcurridos.

Además, el Real Decreto Ley recoge la modificación de las tasas judiciales que establece que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias.

Otra medida realmente importante es la referente a la conciliación para aquellos autónomos que se dediquen al cuidado de un hijo menor de 7 años o cuidado de dependientes, estableciendo una bonificación del 100% en su cotización a la Seguridad Social durante un año,  siempre que contraten a un trabajador a tiempo total o parcial ( en cuyo caso la bonificación será del 50%).

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