Presuntas irregularidades en la concesión de los cursos de recuperación de los puntos del carnét de conducir

Un audio de 44 minutos deja al descubierto cómo Marta Carrera, subdirectora adjunta de Conocimiento Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT)  ‘apañó’ los pliegos del concurso público para conceder el control de los cursos a la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

Un nuevo caso de  “corrupción” política salta a la opinión pública, en este caso relacionado  con  la Dirección General de Tráfico (DGT) y un supuesto amaño en la concesión de los cursos para recuperar puntos del carné de conducir. Hace unos días conocíamos que,  a raíz de la investigación interna abierta como consecuencia de las denuncias presentadas por algunas autoescuelas, y después de analizar unas escuchas entre la subdirectora adjunta de Conocimiento Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), Marta Carrera, y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, la DGT había  cesado a Carrera por un supuesto amaño en la concesión de los cursos para recuperar puntos del carné de conducir. En dichas grabaciones se escucha a ambos pactar las condiciones que serían exigidas a las autoescuelas y que posteriormente aparecen en los pliegos técnicos firmados por la subdirectora.

Los denunciantes, procedentes de Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, entre las 13 empresas que han concurrido a este proceso de licitación para dar estos cursos y que actualmente acapara  en buena parte la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE),  exigen la expulsión definitiva de la UTE encabezada por CNAE del concurso que se adjudicó en septiembre de 2015 porque en su opinión la grabación demuestra que Carrera y Báez "pactan sin ningún rubor todas las condiciones que serán exigidas a los centros y que posteriormente aparecen en los pliegos técnicos".

Todo ello, a pesar de que con el último concurso para adjudicar los cursos -en 2015- se rompió por primera vez la concentración en la gestión, al distribuirlos entre más de un operador.  Pese a todo, los adjudicatarios recurrieron ante el Tribunal Administrativo Centra de Recursos Contractuales o ante la Audiencia Nacional.

Desde la DGT, su máximo responsable, María Segui ha salido al paso de este escándalo   recordando que la DGT mantiene abierta una investigación "lo más diligente posible", "a raíz de las evidencias mostradas" y ha puntualizado que " no se trata de una contratación, no hay dinero involucrado, la DGT ni paga ni cobra, pero sí se trata de una concesión".

Además, la directora respalda el "máximo compromiso" de la DGT con que haya "las mejores condiciones de calidad y efectividad" en los cursos de sensibilización que los ciudadanos que han perdido el permiso de conducir tienen que realizar.

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