El argumento esgrimido por la DGT es el incumplimiento de alguna de las condiciones de impartición por algunos centros
El pasado día 24 de julio, en el transcurso de una reunión mantenida por representantes del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con la Directora General de Tráfico, Dª. María Seguí, y las técnicos Marta Carrera y Ana Blanco, “invalidaron” los Acuerdos suscritos entre el Estado - Consejo de Ministros y el Comité Nacional de Transportes por Carretera, en octubre de 2005 (BOE de 22 de octubre de 2005), por el que se comprometían a habilitar a los Centros Autorizados para la Formación CAP, gestionados por las asociaciones profesionales de transportistas, para impartir cursos de recuperación de puntos.
El argumento esgrimido por la DGT es el incumplimiento de alguna de las condiciones de impartición por algunos centros, un argumento que no justifica, a juicio de las asociaciones profesionales, una medida tan drástica. Según estas mismas fuentes lo que debería hacer la DGT es “controlarlos, inspeccionarlos y retirar la Autorización a los incumplidores, pero no perjudicar a quien realiza una eficiente formación, demostrada de manera general con datos contrastados”
De igual forma, en esta reunión la DGT confirmó que ignorarán la adecuación de las edades de obtención de los permisos C y D, en contra de lo establecido tanto en la Directiva 2003/59 (Formación de Conductores Profesionales - Europa), como en el Real Decreto 1032/2007 (Formación Conductores CAP - España), vigentes en la actualidad y de práctica correcta y generalizada en los países de nuestro entorno europeo (Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Dinamarca, entre otros.).
Igualmente, la DGT ha adoptado, de manera unilateral y en contra de la argumentación y de la experiencia de las organizaciones empresariales y sindicales, la obligación de realizar el examen en la Jefatura Provincial de Tráfico, para la superación de los cursos de prórroga del carné de “Mercancías Peligrosas ADR”, en lugar de en el propio centro de formación, como se estaba realizando hasta ahora. Todo ello, mediante un proceso, sin duda legal, pero falto de confianza y de transparencia con el sector.
